La inhabilidad procesal durante la próxima Navidad dependerá de la reforma de la sedición
El Gobierno ha introducido una enmienda en la reforma del Código Penal para favorecer la conciliación de abogados y procuradores
Aprovechando la reforma del delito de sedición, PSOE y Unidas Podemos han registrado en el Congreso de los Diputados un catálogo de enmiendas que, entre otras medidas, prevé la inhabilidad procesal del próximo período navideño.
Reforma a contrarreloj
La inhabilidad procesal desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero está contemplada en el paquete legislativo que conforman las leyes de eficiencia del servicio público de justicia.
Sin embargo, los retrasos en la tramitación parlamentaria de las leyes de eficiencia provocaron que tanto el Consejo General de la Abogacía Española como el Consejo General de Procuradores de España solicitasen a inicios del mes de diciembre que el Gobierno incluyese de manera urgente esta reivindicación histórica en un Proyecto de Ley cuya tramitación legislativa permitiese que la medida entrase en vigor el presente año.
Consecuencia de lo anterior, el Gobierno ha escuchado la reivindicación de ambos colectivos y, bajo el propósito de atender sus necesidades en materia de conciliación personal, familiar y profesional, ha decidido introducir una enmienda en la reforma del delito de sedición que sigue su tramitación exprés en el Congreso.
El documento presentado en el Congreso de los Diputados afirma que esta medida no supone la paralización de la actividad en los órganos y oficinas judiciales durante la Navidad, que continuarán prestando con total normalidad el servicio público, “afectando especialmente al cómputo procesal de los plazos, que se verá interrumpido y que se reanudará inmediatamente después del transcurso de este período”.
La propuesta que beneficiará con carácter principal a abogados, procuradores y graduados sociales se votará el próximo jueves 15 de diciembre. Después se tramitará en el Senado, por vía de urgencia, lo que permite interpretar que la reforma pueda ser aprobada antes de las fiestas navideñas.
“Debía haberse aprobado hace 30 años”
Belén García García, secretaria general del Sindicato de Abogados Venia, explica a Economist & Jurist que sus afiliados “se manifiestan de forma dispar, al igual que ocurre en la sociedad”.
En concreto, “unos entienden que no es el modo ni el lugar para la regulación del descanso prometido a los abogados hace más de un año, y otros consideran que por fin se reconoce el derecho al descanso”.
En todo caso, desde la organización sindical consideran “que se trata de una reivindicación justa de un colectivo maltratado que debía haberse aprobado hace 30 años cuando otros colectivos de operadores jurídicos consiguieron para ellos lo que ahora parecen querer negarnos”.
Eso sí, la secretaria general del primer sindicato nacional de abogados de España muestra su incredulidad con el hecho de que la medida llegue a tiempo para el próximo período navideño. “Entendemos que no será posible su aprobación antes de Navidad por cuestión de plazos”, asegura la jurista.
“Sediciosa inhabilidad”
Pablo Álvarez Castaño, asociado de la Asociación Jerezana de Abogados Independientes (AJAI), ha criticado este “burdo hábito del legislador de combinar en un único cuerpo legal un mosaico de preceptos referidos a las más diversas materias”.
Tras calificar esta conducta de “mercadeo normativo”, el jurista considera “inevitable que haya días inhábiles, pues de otra forma, un juicio o un plazo inesperado podría truncar, por ejemplo, una ausencia responsable y largamente planeada, y para el legislador, es una medida más fácil de lo que supondría flexibilizar el sistema para que los profesionales pudieran elegir, dentro de un orden, cuándo no se les puede notificar”. Entonces, “es necesario y perentorio una adaptación del sistema a nuestra nueva realidad social y profesional”, eso sí, “no a cualquier coste”, explican desde AJAI.
«Es deficiente en el fondo y en la forma, y otro ejemplo de ese regateo humillante del que la abogacía viene siendo víctima desde ya tiempo inmemorial»
Llegados a este punto, la organización que nació en 2019 en defensa de los intereses y derechos de la abogacía le abordan distintos interrogantes: “¿Qué tiene que ver esto con un delito tan relevante como el de sedición? En lo material, nada. ¿Por qué se regulan ambas cuestiones en un mismo texto? Por un lado, y por decirlo de alguna manera, por «economía legislativa», en el sentido de que ambas cuestiones se regulan en leyes orgánicas, el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sólo pueden ser modificadas por un instrumento de la misma naturaleza, que requiere para su aprobación la mayoría absoluta en el trámite parlamentario, así que, ¿para qué trabajar de más haciendo dos?”.
Por otro lado, desde la Asociación jerezana razonan que esta reforma “pretende servir a ese fin de acallar a un colectivo, el de profesionales del Turno de Oficio, que se ha convertido en garante del derecho de defensa universal con un coste pírrico, vía retribuciones o, como ellos dicen, indemnizaciones, porque por lo que parece para la Administración los abogados de oficio no trabajamos”.
Visto lo anterior, “no podemos recibir positivamente la medida”, añade Álvarez Castaño. A su modo de ver, “es deficiente en el fondo y en la forma, y otro ejemplo de ese regateo humillante del que la abogacía viene siendo víctima desde ya tiempo inmemorial, si bien ofrecemos siempre nuestra colaboración para abordar esta cuestión con el rigor y la dignidad que merece, siempre con la esperanza de que no se deje para dentro de otros 20 años, un plazo que, a estas alturas, ya no estamos en condiciones de soportar y quizá, para cuando quiera abordarse adecuadamente, no queden profesionales que garanticen la defensa judicial de los menos favorecidos, pero eso ya será más un problema de la ciudadanía y las instituciones que de la propia abogacía”, concluye el abogado.
