La Audiencia concede la libertad a Sito Miñanco en una causa pero seguirá en prisión

La jueza Tardón lo acuerda al concluir el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva en el marco de la “Operación Mito”

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Sito Miñanco. | Jesús Fernández / Europa Press

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado la libertad provisional de José Ramón Prado Bugallo, conocido como “Sito Miñanco”, por la denominada “Operación Mito”, la causa en la que fue procesado por dos operaciones de narcotráfico de 2017 con las que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado para blanquear el dinero obtenido con la droga. No obstante, Miñanco seguirá en la cárcel cumpliendo condena.

A petición de la Fiscalía Antidroga, la magistrada ha acordado la libertad de Bugallo y de Luis Enrique García Arango, Francisco Valle Parraga, Juan Antonio Fernández Fernández, Manuel González Rubio y Raymond Van Rij ante el próximo vencimiento del plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva establecido en la ley, que se cumple el 31 de enero.

Sito Miñanco fue condenado en febrero de 2006 a 16 años y 10 meses de cárcel por tráfico de drogas y organización criminal, y a 3 años y 9 meses por blanqueo de capitales que le impuso el Tribunal Supremo en abril de 2021. En la primera de las sentencias, además de él fueron condenados otros dos investigados en esta causa para los que también se acuerda la libertad, García Arango y Fernández Fernández.

La juez, para aquellos investigados que no tengan que cumplir penas de prisión por otras causas, les impone la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la retirada del pasaporte, así como comunicar al juzgado cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la tramitación de esta causa, informa la Audiencia Nacional.

Este procedimiento se encontraba ya concluido y elevado a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento, pero fue devuelto al juzgado de instrucción tras la extradición a España del último de los investigados, José Luis Correa, que no estaba a disposición de la justicia española, con el fin de que fuera incluido en la causa.

 

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