Un juez de la Audiencia Nacional propone juzgar a un directivo de la Mutua Madrileña por contratar a Villarejo
Manuel García Castellón ha finalizado la instrucción de la pieza 15 de la Operación Tandem y propone juzgar por cohecho al exdirector de Seguridad de la Mutua
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha concluido la instrucción de la pieza 14 de la operación Tándem y propone juzgar por un delito de cohecho al exdirector de Seguridad de Mutua Madrileña, Benjamín Garcia Cañón, a José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo por contratar a la empresa Cenyt del comisario jubilado para confeccionar un informe de solvencia sobre un expediente de la entidad, un proyecto denominado ‘Autumn’ por el que la empresa recibió 16.000 euros.
Villarejo y García se reunieron el 20 de octubre de 2009 y durante el encuentro el policía le ofreció la elaboración de un proyecto de investigación, ‘Proyecto Lump’.
El informe tendría como objetivo salvaguardar los intereses de la Mutua ante una eventual situación de riesgo, como consecuencia de prácticas poco ortodoxas de ciertas personas.
Posteriormente, la entidad fue demanda por el expresidente de la misma, José María Ramírez Pomatta. La Audiencia Provincial de Madrid condenó a la compañía a indemnizarle con casi 14 millones de euros. Entonces la compañía solicitó la confección de un informe de solvencia patrimonial de Ramírez a Benjamín García Canon, que encomendó la tarea al grupo Cenyt.
El informe fue confeccionado por Villarejo y Redondo, denominado como ‘Proyecto Autumn’. Por la elaboración del documento Cenyt recibió 16.000 euros.
En la documentación obtenida en los registros domiciliarios practicados se han localizado dos Excel en los que se reflejan los gastos derivados de cada una de las fuentes de información utilizadas para la elaboración del informe. Mientras los hechos sucedían Villarejo era comisario del Cuerpo Nacional de Policía en servicio activo.
Los hechos descritos pueden ser constitutivos de los siguientes delitos del Código Penal. Un delito de cohecho activo y un delito de cohecho pasivo. La imputación se basa fundamentalmente en los indicios que se han ido refiriendo en la exposición de los hechos probados antes referida, así como en la documentación que obra en la causa y en las declaraciones practicadas.
