Altos Tribunales

El juez Penalva y el fiscal Subirán declararán por presuntos delitos en el ʻcaso Cursachʼ

El procedimiento ha sido elevado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares por tratarse de cargos aforados

Abogado del 'caso Cursach'
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El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha citado a declarar al juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán para el próximo 6 de febrero, como investigados por delitos presuntamente cometidos cuando estaban al frente de la instrucción del 'caso Cursach' y la macrocausa de corrupción policial. El Juzgado elevó esta pieza al Tribunal Superior, al tratarse el juez y el fiscal -actualmente de baja- de aforados.

La Sala también ha acordado prorrogar 18 meses la instrucción del procedimiento, que por turno de reparto recayó en el magistrado Carlos Gómez. Penalva y Subirán están citados como investigados por delitos de prevaricación, revelación de secretos y deslealtad profesional y detención ilegal. Son los delitos que la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, incluyó en su exposición razonada, remitida al TSJIB este enero.

Con todo, Abrines excluyó los delitos de coacciones a testigos y organización criminal que les imputaban las acusaciones -entre ellas, el empresario Bartolomé Cursach y una asociación integrada por policías locales investigados en la macrocausa que dirigieron Penalva y Subirán-.

Conversaciones de Whatsapp

Fue elevada al TSJIB después de analizar las conversaciones de un grupo de whatsapp en el que participaban tres de los policías nacionales, el juez y el fiscal, y tomar declaración a los investigados no aforados.

A los funcionarios se les imputa un delito de revelación de secretos al atribuírseles el origen de las noticias aparecidas en prensa sobre la macrocausa de corrupción policial durante la fase de investigación.

En cuanto a la detención ilegal y prevaricación, se refiere al un auto de prisión dictado en enero de 2017, contra el empresario Antoni Roig y otros investigados, en el marco del 'caso IME'.

Según los atestados, la adopción de la prisión se habría realizado "de modo intencionadamente lento" y el delito se basaría en "la generación deliberada e injustificada, por parte de los integrantes del grupo de WhatsApp, de circunstancias en las que poder basar la medida cautelar".

Sin embargo, en relación al delito de organización criminal, Abrines consideró que el grupo de Whatsapp "era esencialmente un grupo de trabajo"; y respecto a las presuntas coacciones a testigos, la magistrada no apreció "ni intimidación, ni coacción, ni inducción a ningún falseamiento de la realidad".

La pieza fue abierta en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, del que es titular, precisamente, Manuel Penalva. Sin embargo, fue apartado de la instrucción del 'caso Cursach' en 2018 por pérdida de apariencia de imparcialidad.

El juez Miguel Florit -entonces titular de Instrucción nº6- fue quien se hizo cargo de la investigación y quien abrió las diligencias por revelación de secretos. Fue en esta pieza en la que adoptó una serie de medidas por las que será juzgado el próximo 27 de febrero por prevaricación, vulneración del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones.

Para investigar las supuestas filtraciones, Florit ordenó, en primera instancia, rastrear los listados de llamadas y posicionamientos de periodistas de Europa Press, 'Diario de Mallorca' y EFE que cubrían el caso. Unos meses más tarde, firmó un auto para incautar los móviles y ordenadores de dos de ellos. Los periodistas presentaron una querella y el juez se acogió una baja -posteriormente, a una prejubilación-, y finalmente la pieza recayó en Abrines. La causa también incluye como investigados a cuatro policías nacionales y la testigo protegida número 31 del 'caso Cursach'.

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