Manifestación de periodistas en el Supremo por la incautación del móvil a redactores

Los informadores de tribunales se concentrarán mañana a las 12h en la Plaza Villa de París contra la decisión del juez del caso Cursach

Fachada del Tribunal Supremo.
Fachada del Tribunal Supremo.

Los periodistas de tribunales han convocado una protesta este viernes a las puertas del Supremo para mostrar su desacuerdo con la incautación del móvil y del ordenador a redactores de Palma por orden del juez del caso Cursach.

Tendrá lugar a las 12h en la Plaza Villa de París, donde tienen su sede el Alto Tribunal y la Audiencia Nacional.

Será la tercera acción de los periodistas ante este hecho, ya que han enviado dos cartas a la fiscal general del Estado, María José Segarra, y al CGPJ, mostrando su repulsa por la orden del juez Florit.

El comunicado dirigido al Consejo es el siguiente:

“Al Consejo General del Poder Judicial

Los periodistas abajo firmantes consideramos imprescindible hacer partícipe al órgano de gobierno del Poder Judicial de nuestra intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión en los derechos que protege el artículo 20.1.d) de la Constitución producida en el caso Cursach.

En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos.

El propósito de esa insólita actuación -el “volcado y estudio”, dice la resolución judicial, de los datos almacenados en los teléfonos móviles, ordenadores y pendrives para descubrir a los supuestos autores de filtraciones- nos parece del todo injustificado: el secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de relevación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas. Sin ellas, la libertad de información, fundamento del sistema democrático y de una opinión pública libre, simplemente desaparece.

Creemos que el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas misiones esenciales es procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos, no puede permanecer ajeno a este despropósito. Apelamos, por ello, a su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas”.

 

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