El minero que proporcionó los explosivos para los atentados del 11-M, autorizado a recibir llamadas privadas

José Emilio Suárez Trashorras, el exminero asturiano condenado a 34.715 años de cárcel por facilitar a la célula terrorista, los explosivos que provocaron el 11-M, acontecimiento en el que murieron 192 personas, ha conseguido tener llamadas privadas en prisión.

Según el auto al que ha tenido acceso Confidencial Digital, Suárez, considerado en la sentencia del 11-M, por la cual permanecerá en la cárcel hasta 2044, como uno de los hombres claves a la hora de llevar los explosivos, pasará a dejar de tener las llamadas intervenidas gracias a un recurso redactado por su defensa.

En él, señalaron que el interno es un enfermo mental, que ha manifestado públicamente su arrepentimiento por los hechos por los que fue condenado. Además, apuntan que “no ha puesto en peligro la seguridad del Centro, ni ha intentado fugarse ni introducir objetos prohibidos, ni atentado contra la vida o integridad física de nadie”.

Además, la defensa apunta que “lo más destacado” en los años de intervención de las comunicaciones es que “se queja, que insta a otros a quejarse, pero no le hacen caso” y que tuvo encuentros con víctimas además de varias cartas que ha escrito.

Decisión de la Justicia

Los magistrados han señalado que la intervención de comunicaciones pudo tener sentido durante la apertura del procedimiento penal pero que “en estos momentos” no parece justificada.

Suárez Trashorras tuvo intervenidas sus comunicaciones desde el año 2004 hasta el 2012. En 2017 volvieron a fiscalizar sus movimientos hasta la actualidad debido a unas amenazas que finalmente no existieron.

Durante este tiempo, ha pasado por media docena de cárceles. En mayo de 2017 se rechazó que se le aplicara la prisión permanente revisable. De momento, se encuentra en segundo grado y no podrá acceder al tercer grado hasta el año 2036, cuando cumpla 32 años de condena, y a la libertad condicional con 35.

Debido a su situación actual, en segundo grado, la justicia ha dictaminado que “su posible vinculación con organizaciones terroristas” provocada por los hechos de 2004 “no puede erigirse en motivo suficiente” para mantener “ahora esa restricción de la intimidad del entorno”.

Esta decisión la justifican en el auto por “el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, el cese anterior de la intervención”. Además, consideran que no hay “hechos nuevos que denoten el mantenimiento de una vinculación del interno con personas relacionadas con los delitos por los que fue condenado”.

Para terminar, también señalan que intervenir las comunicaciones para evitar que “se transmitan datos o información que puedan atentar contra la seguridad” de las personas que están en el establecimiento, tampoco da lugar a raíz de los informes realizados.