Qué pasará con Puigdemont si entra en España
Será trasladado a la comisaría más cercana al lugar de su detención. El juez Llarena tiene 72 horas para llamarle a declarar
A las 15h de este martes dará comienzo el pleno de investidura del president de la Generalitat en el Parlament. La Mesa ha propuesto un candidato, y no es otro que Carles Puigdemont. El cabeza de lista de Junts per Catalunya ha permanecido en Bruselas desde el pasado 30 de noviembre para evitar ser procesado por la Justicia.
Se le investiga por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, por los cuales se ha dictado una orden de detención en territorio nacional. Por otro lado, tanto los letrados del Parlament como el propio Tribunal Constitucional han determinado nula la investidura telemática, algo que ha intentado el ex president. El candidato debe estar presente en la Cámara, necesariamente.
Por tanto, Puigdemont se encuentra en una situación, cuanto menos, delicada: su objetivo es volver a ser president de la Generalitat, para lo que debe acudir al Parlament. Pero esto conlleva, obviamente, entrar en España, donde su detención sería automática. Son las órdenes del juez del Supremo Pablo Llarena y que ha acatado el Ministerio del Interior: los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil vigilan las fronteras, atentos al más mínimo indicio de que Puigdemont pise terreno español. Incluso utilizando un doble para despistarles.
Detención inmediata y traslado a comisaría
Aún no se sabe qué va a hacer Puigdemont. Pero sí está preparado el dispositivo de actuación en caso de que entre en España. Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Tribunal Supremo, agentes de los Cuerpos de Seguridad le detendrán nada más poner un pie en el territorio nacional.
Una vez detenido, se le comunicarán sus derechos y se le incautará la documentación personal. Después, será trasladado a la comisaría de Policía más cercana. Es decir, si vuela en avión desde Bruselas y se le detiene en Madrid, será llevado a las dependencias policiales del municipio de Barajas. En el caso de Barcelona, a las más cercanas a El Prat.
Si, por el contrario, decide cruzar la frontera en coche o en tren desde Francia o Andorra, será conducido con la debida escolta policial a la comisaría de Cataluña más cercana a la detención. Cabe recordar que Interior tiene por objetivo interceptar la ruta de Puigdemont en una carretera alejada de las cámaras de televisión para no convertir su arresto en un espectáculo mediático y trnasmitir a los independentistas la imagen de un ex president mártir de la Justicia española.
Declaración ante el juez
El juez Llarena sería informado inmediatamente de la detención del prófugo. Desde ese momentol, el magistrado tiene un plazo de 72 horas para llamarle a declarar a las dependencias del Supremo. Hasta entonces, Puigdemont permanecerá en el calabozo de la comisaría que le haya tocado.
Desde que entre en sede policial, el abogado del ex president puede personarse en el TS para entregar el escrito de solicitud de permiso para asistir al pleno de investidura en Barcelona. Sobre éste, el juez decidirá tras tomar declaración al investigado.
Al cabo de un máximo de 72 horas, Puigdemont será conducido al Supremo y será interrogado por el juez y los fiscales del proceso. No existe un tiempo determinado para la sesión de preguntas y respuestas. A la misma asistirán agentes de la Policía y los abogados del investigado. Tras el interrogatorio, Llarena decidirá las medidas cautelares pertinentes, entre las que planea la prisión provisional sin fianza. La suerte que han corrido Junqueras y los Jordis.
No hay plazo para su salida
En caso de que Puigdemont sea encarcelado, no existe un plazo determinado por ley para que el juez decida si le concede el permiso para asistir al pleno de investidura.
Las fuentes consultadas hablan de la urgencia que puede haber en distintos casos: siempre que hay presos, el instructor resuelve de forma rápida la cuestión. Sin embargo, también citan el ejemplo de Junqueras y del ex conseller Joaquim Forn: ambos pidieron permiso para acudir al Parlament y a los dos se les ha negado. Puede ser un precedente para Puigdemont, que además ha permanecido fugado de la Justicia durante dos meses.
