Altos Tribunales

El PP valenciano pide información por la adjudicación “a dedo” de obras en el TSJ

Solicita información a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, tras varias denuncias empresariales

Consell de la Generalitat valenciana.
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El PP ha solicitado en las Cortes Valencianas información sobre una adjudicación “a dedo” a Transformación Agraria S.A. (TRAGSA), el grupo empresarial integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Reforma del TSJCV

En concreto, ha solicitado conocer cómo se adjudicó el proyecto de remodelación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Según los ‘populares’, se realizó “eludiendo la libre competencia  competitiva”, por lo que ha exigido responsabilidades sobre “la paralización y considerable retraso que puede sufrir la rehabilitación del TSJCV si llega a declararse ilegal la adjudicación”.

El PP ha denunciado que “en un sector tan precarizado y necesitado de trabajo como el de la edificación, la adjudicación a TRAGSA ha sido denunciado por organizaciones como la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana o la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, así como la Confederación Nacional de la Construcción”.

Gabriela Bravo

Según ha sabido El Confidencial Judicial, el pasado 21 de diciembre la Confederación Nacional de la Construcción impugnó la actuación de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales.

También solicitó la nulidad de la adjudicación e instó, como medida cautelar, la suspensión de todo el procedimiento de adjudicación del proyecto y obras de adecuación del TSJCV.

“Se ha utilizado una fórmula abusiva una forma de contratación prevista para casos extraordinarios, y no se sabe si la Consellería tomó medidas por la posible demora”, han expresado a ECJ fuentes ‘populares’.

Unas obras sin proyecto

El PP busca averiguar “si esa adjudicación se ha hecho para eludir el pago del IVA, cómo se ha concretado el precio sin tener el proyecto – se declaró “desierto” -, así como cuánto más va a costar a la Generalitat Valenciana esta obra sobre lo que hubiera costado en el mercado”.

Para ello, ha solicitado el “expediente completo: la carta dirigida por la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana al presidente Ximo Puig instando la revocación del encargo,  y los informes de la Consellería que justifiquen esta contratación especial sin concurso, para aclarar que no ha sido una adjudicación arbitraria y en fraude de ley”.

Desde el PP aseguran que van a “llegar hasta el final, exigiendo las responsabilidades políticas y jurídicas de la consellera Gabriela Bravo, si se llega a la paralización y retraso en la tan necesaria rehabilitación del TSJCV”.

 
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