Vocales del CGPJ protestan por hurtarse a este órgano un dictamen sobre el nuevo recurso por restricciones covid

Siete vocales pertenecientes al sector conservador de este órgano han hecho público un voto particular en el que protestan por haberse hurtado a este órgano poder emitir un dictamen sobre el nuevo recurso de casación, que residencia en el Tribunal Supremo la última palabra sobre las restricciones por covid que implementen las comunidades autónomas una vez se ha levantado el estado de alarma.

Este grupo de vocales solicitó en el Pleno del CGPJ celebrado este lunes la elaboración de un informe sobre las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 8/2021, que es el que creo el nuevo recurso de casación, pero esta petición fue rechazada por 12 votos.

En su voto particular, los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, María Ángeles Carmona, Nuria Abad, Carmen Llombart y Juan Manuel Fernández, todos ellos designados a propuesta del PP, expresan su "profundo malestar" por no haber podido emitir un dictamen.

Habría contribuido, en su opinión, "no sólo al correcto funcionamiento del diálogo institucional, sino ser de utilidad al Gobierno de la nación para el adecuado cumplimiento de su función, y quizás habrían evitado alguno de los problemas que se han suscitado", señalan.

Apuntan a que, para justificar la urgencia, la Exposición de Motivos de la norma aduce que la modificación del recurso no podía haber sido aprobada mediante el procedimiento parlamentario ordinario porque no hubiera llegado a tiempo al levantamiento del estado de alarma. "Sin embargo, entendemos que dichas razones no obstan a que hubiera podido recabarse nuestro parecer, que habría sido emitido con la celeridad que las circunstancias demandan", aducen los vocales conservadores.

Pese a ser conocedores de que la legislación no prevé que el CGPJ informe sobre reales decretos, los vocales firmantes de este voto señalan que "resulta incontestable" que las reformas procesales introducidas por el nuevo decreto-ley inciden en el ámbito competencial del Tribunal Supremo y de los TSJ, "y lo hacen en relación a disposiciones emanadas de comunidades autónomas limitadoras de derechos fundamentales de los ciudadanos".

Por ello concluyen que la falta de informe del CGPJ vulnera los estándares europeos, recordando que el Consejo Consultivo de Jueces Europeos ya dijo en 2007 que todos los proyectos legislativos relativos al estatuto del juez, al derecho procesal y los susceptibles de tener incidencia sobre el poder judicial "debería obligatoriamente ser sometidos, antes de la deliberación del Parlamento, a la opinión del Consejo de Justicia".