Baltasar Garzón reclama al Gobierno que devuelva el dinero incautado por Franco a los republicanos
Su despacho de abogados ha presentado la petición al Consejo de Ministros. Calcula que la cantidad alcanzará los 3.000 millones de euros
El despacho de abogados ILOCAD SL, que Baltasar Garzón abrió en Madrid hace dos años, ha presentado ante el Consejo de Ministros una reclamación para que el Estado abone a los perjudicados de un Decreto aprobado por Franco en 1936 el dinero republicano que el general retiró de circulación.
En febrero de 2013, El Confidencial Digital adelantó en exclusiva el aterrizaje de Garzón en Madrid, con la inauguración de un despacho de abogados, ILOCAD, que se iba a especializar en Derecho Penal Internacional. Casi dos años después de su puesta en marcha, el bufete ha abierto ahora una causa contra un decreto firmado por Franco en 1936.
En concreto, el equipo de abogados liderado por Garzón quiere que el Estado devuelva el “dinero incautado por Franco” a los perjudicados por el Decreto Ley de 12 de noviembre de 1936, que motivó que el Banco de España declarase sin validez alguna los billetes (pesetas) hasta ese momento de curso legal.
A partir de aquel momento coexistieron dos monedas (pesetas) diferentes, según la zona de España y de quién gobernara en la misma, si bien por decisión de la Junta la peseta republicana dejó de ser de curso legal a partir de aquella norma. Para que los billetes emitidos con anterioridad fueran considerados legítimos, tendrían que estar estampillados con los requisitos legales correspondientes.
Esta decisión afectó de lleno a la población civil, por cuanto la privaba de medios de pago legítimos, según fuera territorio “conquistado” o no.
Entrega al Consejo de Ministros
El escrito se entregó el pasado lunes 26 de enero mediante Reclamación administrativa individualizada de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, al amparo del art. 106.2 de la Constitución Española, y de los artículos 139 a 146 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para que el Estado haga efectiva la indemnización que corresponda al valor del papel moneda de la titularidad de los perjudicados, que asciende a la suma de 587.132,50 pesetas. El equivalente hoy serían unos 50 millones de euros.
La demanda destaca que “la privación a sus titulares del dinero legítimo emitido por las autoridades republicanas se realizó de forma coactiva, pues su mera tenencia era constitutiva de delito de contrabando.
La moneda incautada no se destruyó y su valor fue reconocido por la Administración, no sólo en los informes del Banco de España, sino además con la constitución con este dinero de un fondo denominado Papel Moneday con los diferentes apuntes sobre el mismo recogidos en su contabilidad”. En la actualidad, según calculan los demandantes, el valor total del dinero incautado ascendería a 3.000 millones de euros.
El proceso a seguir por el Consejo de Ministros sería ahora el de encargar un informe sobre el contenido planteado. Tras el estudio pertinente y a la vista de los informes técnicos el Consejo deberá dictar un acuerdo estimando o desestimando la reclamación.
