Abogados en pie de guerra por la obligación de inscribirse en el registro mercantil
La medida anti blanqueo supone a los letrados el pago de tasas cuando sean contratados por sus clientes
Según ha podido saber Confidencial Judicial, la entrada en vigor del decreto ley 11/2018, que modifica la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ha puesto en pie de guerra a algunos colectivos de abogados.
Fuentes cercanas afirman a ECJ que miles de letrados de toda España están estudiando unirse para convocar protestas contra la nueva norma, que entró en vigor el pasado martes.
En concreto, se quejan de la modificación del artículo 33, cuya disposición adicional única establece que quienes presten servicios de asesoramiento en la constitución de sociedades, en el ejercicio de funciones de, en facilitar un domicilio social, en el ejercicio de funciones de fiduciario en un fideicomiso o en el ejercicio de funciones de accionista por cuenta de otra persona, “deberán, previamente al inicio de sus actividades, inscribirse de forma obligatoria en el registro mercantil competente por razón de su domicilio”.
Esto supone que los abogados deberán registrarse no sólo cuando asesoren a sus clientes en operaciones de compraventa de inmuebles, gestión de fondos, de cuentas corrientes o gestión de trusts, algo que ya contemplaba la ley, sino también en estos nuevos supuestos.
Por tanto, aumenta el número de letrados afectados por la ley antiblanqueo. El decreto les da un año de plazo para inscribirse en el registro mercantil bajo pena de sanción de hasta 6.000 euros. Deberán renovarla anualmente.
Según ha sabido este confidencial, los abogados en desacuerdo con esta normativa prevén organizarse para presentar recursos contra la modificación y en caso de no conseguir sus objetivos, iniciar protestas en la calle.
