Citas en los juzgados para 2023: los abogados ponen en relieve los retrasos en toda España

Las unidades están colapsadas. Los abogados solicitan medidas para solucionar la situación

Juzgados de Sevilla.
Juzgados de Sevilla.

La pasada semana una noticia causó especial polémica: el juzgado de lo Social nº5 de Sevilla ha fijado la fecha para el juicio por despido de una mujer de 53 años y con cáncer para 2022. La afectada, que ha superado tres cánceres diagnosticados, fue despedida a finales de mayo estando de baja médica e interpuso una demanda contra le empresa.

Ahora, le toca esperar casi tres años para poder resolver su situación.

A raíz de este caso numerosos abogados se han manifestado en redes dejando entrever que esto no es una excepción, sino algo que ocurre habitualmente.

Decenas de casos por toda España

Un abogado denuncia que en 2014 presentó una demanda en el juzgado de lo Mercantil nº1 de Málaga por una cláusula suelo. La audiencia previa fue en junio de 2018. El juicio está señalado para abril de 2022.

También en Málaga, una abogada presentó una demanda en 2015, mientras que el juicio se lo han señalado para siete años después: en 2022.

En Lugo, la huelga de los funcionarios de justicia que se llevó a cabo en noviembre de 2018 provocó aplazamientos en juicios, que ahora se han fijado para 2021 en los juzgados de lo social.

En el juzgado de lo social nº3 de Cádiz están señalando juicios para 2023, ante lo que el Colegio de Abogados de la ciudad ha presentado numerosas protestas frente al CGPJ, la Audiencia Provincial de Cádiz, la Conserjería de Justicia de Andalucía y la propia sala de lo social.

En Alicante, la Audiencia Provincial no da cita para los juicios hasta 2021, lo que deja paralizados casos como el 'Brugal', en el que se juzga al ex presidente de la Diputación de Alicante por prevaricación, cohecho, fraude y tráfico de influencias.

Un caso también bastante polémico fue el de la Audiencia Provincial de Toledo, en el que para un caso había que esperar tres años para un informe psicosocial por la falta de psicólogos en los juzgados.

 

Desde el Consejo General de la Abogacía (CGAE) también han comunicado en los últimos años varios casos de retrasos y quejas, como la expuesta por el  Colegio de Abogados de Baleares también denunciaron la precaria situación que viven los Juzgados de Ibiza, ante lo que hacía un llamamiento a la búsqueda de soluciones.

El CGAE ha remarcado, al plantearle la cuestión de la lentitud, la necesidad de abordar un 'Pacto de Estado por la Justicia' "que aborde una serie de medidas que se implanten con el objetivo de alcanzar un consenso amplio que acompase a las posibilidades y circunstancias de cada momento".

Esta semana, el Consejo General del Poder Judicial explicó en un informe que ve "disfunciones" en los procedimientos relativos a la adopción de medidas de apoyo judicial, las cuales se solicitan cuando una unidad judicial se ve sobrepasada de trabajo.

Señalaba el Consejo que estas disfunciones afectan a la marcha del Consejo y a los órganos de gobierno que solicitan estas medidas de apoyo.

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