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El Consejo de la Abogacía reclama a Hacienda una bajada del IVA en sus servicios

Recuerdan que la propuesta está en línea con lo recomendado por la AIReF de cara al previsible aumento de los pleitos derivados de la crisis económica

Consejo General de la Abogacía.
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La Abogacía Española insta al Ministerio de Hacienda a que reclame la aplicación de tipos reducidos del IVA para “los servicios jurídicos de dirección y defensa en toda clase de procesos judiciales, mediación y arbitraje”. La solicitud se ha hecho pública en el contexto de las modificaciones en la Directiva del IVA que se están estudiando en toda Europa.

La petición beneficia a los colectivos vulnerables

La asociación argumenta que “los particulares no deben seguir cargando con el coste del IVA en este tipo de servicios, pues supone un importante agravio frente a las empresas, que siempre han podido amortiguarlo en su contabilidad”. 

La crisis económica que ha provocado la pandemia aumentará, previsiblemente, el número de procedimientos judiciales. Este incremento afectará especialmente a los colectivos en riesgo que, en algún caso, acaben teniendo que defender sus causas ante los Tribunales. Si la situación permanece inalterada tendrán que seguir pagando un 21% del IVA cuando, en muchos casos, se encuentran en situaciones de “especial dificultad económica”.

Por esta razón la reducción del IVA para las personas físicas está en consonancia con la recomendación que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en un informe hecho público en julio. El organismo afirma que la reducción de dicho impuesto tiene como objetivo “facilitar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, sociales, culturales o estratégicos”.

¿Cómo se compensaría esta reducción?

De hacerse, esta reforma de la directiva europea desplazaría la aplicación de los tipos hacia aquellas actividades o adquisiciones que, según la AIReF, son consumidas o adquiridas por las rentas más altas, aliviando la presión fiscal de aquellas otras de primera necesidad o que son inevitables para los ciudadanos (como podría ser la defensa de sus derechos). 

Esta iniciativa de la Unión Europea exige que, para que a un servicio se le aplique esta bajada del IVA, este debe incidir en el “interés general” y que “la reducción se traslade al consumidor final”. El Consejo de la Abogacía afirma que así ocurre en la actividad que ocupan, “donde la creciente competencia entre los profesionales se ha traducido hasta ahora en un progresivo descenso de los precios”.

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