Fiscales

Los fiscales no ven viables las reformas que propone el CGPJ para reactivar la Justicia

Consideran que las medidas pretenden solucionar "viejos problemas" y que es necesario hacer una inversión económica para poder llevarlas a cabo

Las asociaciones de fiscales consideran que las reformas que ha propuesto el Consejo General del Poder Judicial para evitar el colapso de juzgados y tribunales tras el estado de alarma declarado por el coronavirus son inviables en estos momentos y que la justicia se debe reactivar con las medidas disponibles.

Así lo han destacado la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en sendos informes que han dirigido a la Fiscalía General del Estado, que pidió su opinión para poder elaborar una respuesta al centenar de medidas que el CGPJ propone para el plan de agilización de la justicia, así como para la reincorporación de los fiscales a sus puestos de trabajo.

Las asociaciones coinciden en que, además de la necesidad de hacer una inversión económica para poder llevar a cabo muchas de las medidas, éste no es el momento de realizar reformas legislativas que, según dicen, pretenden solucionar errores anteriores de la Justicia, cuya causa no se tiene que dar respuesta con la crisis del coronavirus.

Además, subrayan que muchas de las reformas procesales que se proponen se deben tramitar a través de leyes orgánicas y tras un profundo debate para garantizar que se preserven los derechos y garantías de cualquier proceso.

"No es oportuno aportar ahora mismo medidas que pretendan solucionar problemas que lleva acarreando la Justicia desde hace muchísimos años al ser necesarias reformas legislativas que son inviables en estos momentos así como inversiones económicas, en algunos de los casos, que igualmente devienen imposible actualmente", afirma la AF, asociación mayoritaria de la carrera fiscal.

En la misma línea se ha manifestado la UPF, que destaca que el planteamiento que se haga debe "ceñirse a aquellas medidas que requiera el ajuste de la actividad en esta situación excepcional dejando al margen aquellas otras medidas necesarias para paliar viejos problemas de la administración de justicia".

Por su parte, la APIF también se ha opuesto a las reformas procesales propuestas porque, en su opinión, "se tenían que haber hecho en épocas más prósperas y no ahora cuando no hay tiempo o se tienen que soslayar todas las garantías". Además, asegura que muchas de ellas pueden "provocar problemas muy importantes", ya que se eliminan garantías procesales, como ocurriría con el dictado de sentencias 'in voce', ya que se dificulta la posibilidad de una aclaración de sentencia, interposición de recurso e incluso la ejecución de la misma.

Por otro lado, las tres asociaciones coinciden también en insistir en la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pone fecha tope a la instrucción de causas penales.

Las asociaciones también proponen el uso de nuevas tecnologías para agilizar los asuntos que tengan pendientes, como la instalación en todos los ordenadores de programas de reconocimiento de voz y transcripción de grabaciones orales, tal y como apunta la AF, o el impulso e implantación del expediente judicial, como señala la UPF.

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