Fiscales

La Fiscalía recurre la absolución de la activista Tamara Carrasco ante la Audiencia de Barcelona

Pide una condena por incitación a desórdenes públicos dos semanas después de la sentencia

Fiscalía de Cataluña.
photo_camera Fiscalía de Cataluña.

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona la sentencia del Juzgado Penal 25 de Barcelona que absolvió el 6 de octubre a la activista independentista Tamara Carrasco, quien fue juzgada acusada de incitar a desórdenes públicos en protestas convocadas por los CDR.

El fiscal ha pedido revocar el fallo y condenar a Carrasco, y aunque respeta las pruebas y testigos aportados en el juicio, sostiene que los hechos probados que recoge la sentencia constituyen un delito de incitación a los desórdenes públicos, han informado fuentes fiscales.

Para este delito, que el Código Penal define como "la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público", se prevén condenas de hasta un año de prisión.

En el juicio, celebrado el 28 de septiembre, Carrasco alegó que ha "sufrido una operación de Estado", siendo inicialmente investigada por presunto terrorismo y rebelión, y acusada de ser cabecilla de los CDR, y su defensa centró los argumentos en la forma cómo la Guardia Civil consiguió el mensaje de voz de Whatsapp que sustentaba la acusación: en este sentido, la jueza detalló en la sentencia que no se había acreditado cómo se consiguió ese mensaje, mientras que Carrasco sostuvo que era un mensaje personal y no lo difundió públicamente.

En la sentencia, la jueza consideró que el mensaje de Carrasco "no se puede considerar distribución o difusión pública", por lo que descartó el delito de incitación a desórdenes públicos del que le acusaba la Fiscalía y que ahora pide a la Audiencia de Barcelona que tome en consideración.

Desde su detención en abril de 2018, Carrasco tuvo prohibido salir de su municipio, Viladecans (Barcelona), hasta mayo de 2019, cuando un juzgado de Barcelona revocó esta medida cautelar.

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