El Gobierno no cesará a Dolores Delgado por la vinculación de su pareja con un proceso judicial pendiente
Los abogados del despacho, del que es titular Baltasar Garzón, coincidirán con la Fiscalía en el caso de una petrolera venezolana. El Gobierno no aprecia que concurra causa del art. 31.3 EOMF
Diputados del Grupo Parlamentario VOX preguntaron al Gobierno si tenía intención de cesara la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.
El equipo de Abascal justificó su pregunta argumentando que según apareció en los medios de comunicación, el despacho de abogados Ilocad fue contratado en 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA para la prestación de servicios por 8,8 millones de euros. El objeto del contrato era interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho.
Sin embargo, entre las tareas encomendadas también se preveía la coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial.
El administrador único del despacho es Baltasar Garzón, ex magistrado de la Audiencia Nacional, condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo por la comisión de un delito de prevaricación y actual pareja de la Fiscal General de Estado, Dolores Delgado.
Los abogados de la empresa coinciden con el Ministerio Fiscal en la causa penal citada. Además, el despacho de la pareja de la Fiscal también está personado en el 'Caso Tándem' que enjuicia las presuntas actividades delictivas del comisario Villarejo y que también afecta a Delgado.
Uno de los trabajos previstos en el contrato afectaría a los procedimientos en los que el despacho de abogados defiende los intereses de la empresa venezolana.
El Gobierno ha respondido a la pregunta de VOX que actualmente no se da ningún supuesto del artículo 31.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para su cese.
