La consejera de Justicia valenciana exige a los ayuntamientos que multen a los consumidores de prostitución
Gabriela Bravo ha facilitado un “modelo” de ordenanza municipal con sanciones de hasta 1.500 euros
La consellera valenciana de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha instado a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana a que aprueben ordenanzas abolicionistas contra la prostitución según el modelo que su departamento puso a su disposición en mayo de 2022, que persigue los proxenetas y los clientes de sexo pagado con multas que alcanzan los 1.500 euros.
Bravo se reunió en Paterna (Valencia) con el alcalde de este municipio, Juan Antonio Sagredo, al que felicitó porque su ayuntamiento ha sido uno de los que ha aprobado una ordenanza abolicionista “para acabar con ese tipo de esclavitud y proteger a las víctimas”.
Nueve municipios la han aprobado
Con Paterna son nueve los municipios que han aprobado esta medida y hay ocho que la tienen en trámite, mientras que otros 34 han manifestado su intención de hacerlo.
Según ha sabido este digital, la consellera lamenta que, pese a que se está situando el debate sobre la prostitución en la opinión pública y dando pequeños pasos, los avances son escasos, porque estos 51 municipios sólo suponen un poco, el 9,4% de las 542 corporaciones de la Comunidad Valenciana.
Gabriela Bravo ha asegurado que se reunirá con el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para seguir insistiendo a los ayuntamientos a incorporar la ordenanza como una prioridad. También ha anunciado cursos de formación para que las policías locales puedan "atender" a estas mujeres "como lo que son, víctimas de violencia".
“Modelo” prohibiendo demanda de sexo pagado
La consellera ha recordado recientemente que, además de las reformas de las leyes autonómicas de espectáculos y carreteras que ha propuesto, "pusimos a disposición de todos los ayuntamientos una ordenanza abolicionista" que "no aborda la prostitución como un problema de orden público, sino como un fenómeno que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y las reconoce como víctimas de violencia”.
El modelo prohíbe la demanda de sexo pagado y sanciona esta práctica con multas que alcanzan los 1.500 euros para el cliente. Además, proscribe también la publicidad que promueva el consumo de prostitución, al tiempo que articula planes integrales para que las víctimas de la prostitución puedan reconstruir sus vidas.
