Funcionarios

La consellera valenciana de Justicia supervisará personalmente el convenio de colaboración con el CGPJ y la Fiscalía

Gabriela Bravo no delegará sus funciones en la comisión mixta. Lesmes, Segarra, el conseller de Hacienda y la interventora general sí lo han hecho

Gabriela Bravo, Mónica Oltra y Ximo Puig, en la primera fila.
photo_cameraGabriela Bravo, Mónica Oltra y Ximo Puig, en la primera fila.

Según ha podido saber Confidencial Judicial, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y la Generalitat valenciana han renovado el convenio de colaboración que firmaron en 2016 debido a que se han originado “algunas tensiones en el seno de la Intervención General” valenciana.

El texto del acuerdo asegura que el acuerdo ha supuesto “la ampliación de la carga de trabajo de un determinado número de funcionarios, sin que estén suponiendo una mayor consideración o remuneración”.

El acuerdo de 2016 establecía el “apoyo a la Administración de Justicia en temas relacionados con la actividad económico-financiera del sector público de la Generalitat”. Esto se traducía en la prestación de servicios por parte de los empleados de la Intervención General.

Tras las quejas de estos funcionarios, las tres partes han actualizado el convenio. Se han ratificado los compromisos de facilitar datos respetando el secreto de las diligencias sumariales y obligando a las partes a la máxima confidencialidad.

Pero además, se ha creado una comisión mixta “de seguimiento y control” de los acuerdos. Estará compuesta por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; la Fiscal General del Estado, María José Segarra; el conseller de Hacienda, Vicent Soler, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la interventora general, Amparo Adam.

Sin embargo, en el texto del convenio se contempla la opción de que estos cargos formen parte de la comisión o designen una persona en quien delegar estas funciones, salvo en el caso de Bravo. Ella supervisará personalmente las actividades del convenio, “incluyendo la solución, en primera instancia, de las controversias de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse”.

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