Registro Civil exige al nuevo Gobierno que no cierre sus oficinas
Los sindicatos mantendrán una ronda de contactos con los diputados de varios partidos
Con el Gobierno que se acaba de formar se crearán leyes nuevas, pero también se modificarán muchas de las leyes ya creadas. Y esa parece la intención del Ejecutivo con la Ley que afecta a las oficinas del Registro Civil. En junio de 2018 el BOE incluyó en una Ley sobre la ocupación ilegal de viviendas una moratoria de la Ley 20/2011 ( la Ley del Registro Civil). Así paralizó sus efectos hasta junio de este año.
Han pasado diecinueve meses ya y nada ha cambiado para modificar o desarrollar esta controvertida ley. Los sindicatos se quejan de que el plazo esté cada vez más cerca y no se hayan hecho modificaciones.
La Subsecretaría del Ministerio de Justicia inició el desarrollo del Nuevo Registro Civil Digital y los programas de formación e implantación de este, pero aún no se conocen los pliegos publicados en los Portales de Contratación de la Administración Pública.
No se sabe cuándo se creará el órgano administrativo que definirá dónde se van a ubicar las Oficinas Generales que sustituyen a los actuales registros civiles. Ni tan si quiera se sabe las localidades donde se pondrá en marcha las oficinas piloto. Tampoco se saben los requisitos necesarios para trabajar en esta oficina.
Todavía falta la digitalización de las inscripciones, desde 1950, de las secciones de los registros civiles ubicados en las localidades donde hay juzgados de Paz (más del 90% de los existentes).
La ausencia de digitalización completa impide disponer de un nuevo sistema totalmente electrónico. Conocer la fecha, forma y modalidad de los procesos y sistemas de distribución de trabajo que deberán llevarse a cabo como consecuencia de la acumulación de toda la actividad de registro en unas pocas oficinas.
Además, si se aplicara esta Ley se cerrarían todos los Registros Civiles actuales (uno por municipio, eliminando 7.800 puntos de información y atención a los ciudadanos. Y se cesaría a más de 3.000 funcionarios judiciales afectados.
Por todo ello, los miembros de S.O.S Registro Civil exigen un esquema temporal básico para implementar su aplicación. Creen que serían necesarios al menos doce meses para realizar un Registro Civil acorde ajustado a los principios y las normas.
