Jueces

Medios de comunicación protestaron por esa actuación

Miembros del CGPJ piden sancionar a medio centenar de secretarios judiciales por no dar información

Se negaron a facilitar datos sobre el seguimiento de la huelga de jueces y fiscales y serán expedientados

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La huelga de jueces y fiscales del pasado martes, calificada de éxito por los convocantes, ha obligado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a volver a sentarse con las asociaciones judiciales para negociar las condiciones salariales y laborales que le exigen. Además, ha provocado una controversia en el CGPJ.

 

Se trata de la queja de los presidentes de todos los tribunales superiores de justicia, salvo el del País Vasco, por la actuación de los secretarios judiciales, que se negaron a facilitar información sobre el número de actuaciones suspendidas por los paros. Esta queja también ha sido interpuesta por periodistas que requirieron los mismos datos a secretarios de instancias judiciales inferiores.

Tanto éstos como los presidentes de los tribunales superiores de justicia no recibieron respuesta. A algún medio de comunicación, según ha podido saber El Confidencial Digital, le llegó la negativa expresa de estos letrados de la administración de Justicia.

Los presidentes de los tribunales enviaron un escrito conjunto a la comisión permanente del CGPJ, que a su vez ha difundido un comunicado sobre el asunto,  criticando la conducta de estos secretarios y anunciando que pedirán al ministro Catalá que tome medidas sobre ellos por “el clima de desconfianza institucional, insólito hasta el momento”, que han provocado.

Según ha podido saber ECD, los miembros de la comisión permanente han mantenido contactos informales con Catalá para que sancione a estos secretarios judiciales. Alegan que han podido incurrir en una falta grave del reglamento del cuerpo, la negligencia o el retraso injustificado en el incumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo.

El reglamento recoge como órganos competentes para sancionar a estos funcionarios al secretario de gobierno, al secretario coordinador provincial y al ministro de Justicia.

En este sentido, vocales del CGPJ se han puesto en contacto con altos cargos del Ministerio, conminándoles a abrir expediente sancionador a los secretarios involucrados, que ascienden a cerca de sesenta, según afirman a este confidencial fuentes cercanas al asunto. Por el momento, no han recibido respuesta.

Las mismas fuentes advierten de que esta situación tensa sobremanera las ya de por sí maltrechas relaciones entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ. “Si Catalá quiere mejorarlas, debería tomarse en serio el asunto y abrir expediente a estos secretarios”, afirman.

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