Jueces

Las asociaciones de jueces reclaman nuevas unidades judiciales en Sevilla

Exigen proporcionar la tutela correcta a la ciudadanía para reducir la saturación de los juzgados

Estrado de un juzgado
photo_camera Estrado de un juzgado

Las principales asociaciones de jueces han reclamado al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía la creación de nuevas unidades judiciales en Sevilla para poder “proporcionar la adecuada tutela a la ciudadanía”, que se ve perjudicada por la saturación de los juzgados de lo Social de la capital andaluza.

Cuatro asociaciones denuncian el exceso de trabajo 

En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia y la Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente destacan “la imposibilidad de aumentar más la carga de trabajo de los juzgados de lo Social de Sevilla sin incumplir las más básicas normas de seguridad y salud”.

Y afirman que “el empleo de planes temporales de refuerzo o autorrefuerzo sirven para dar respuesta puntual a coyunturas específicas pero no a resolver un problema estructural de la jurisdicción”. Y por ello reclaman que se creen nuevas unidades.

Los juzgados de Sevilla, los más saturados 

Los juzgados de lo Social de Sevilla son lo más saturados de España, como se señala en el comunicado. En 2021 el número medio de asuntos por juez ascendía a 3121, frente a la media andaluza de 2473 y los cerca de 2000 del resto de España. “El porcentaje de productividad de los jueces de Sevilla supera el 150%”, afirma el comunicado.

La situación en los juzgados sevillanos ha dado lugar a que el Tribunal Constitucional conceda el pasado 10 de octubre el amparo a una ciudadana por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En dicha sentencia, recogida en el comunicado, el Constitucional señala que “es exigible que jueces y tribunales cumplan su función jurisdiccional […] con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el ordenamiento le encomienda”.

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