Jueces

Dos asociaciones de jueces tachan de "cosméticas" las medidas de Justicia para reactivar la actividad

Se trata de la AJFV y la FJI. Las demás piden al Ministerio saber cuándo volverán a funcionar los juzgados y tribunales

Juan Carlos Campo
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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han firmado un comunicado conjunto en el que califican de "cosméticas" las medidas impulsadas por el Ministerio de Justicia para la reactivación de la actividad judicial, y auguran "un pésimo desenlace" en caso de que no se dote de medios a la Administración de Justicia.

"Constatamos la falta de medidas concretas y reales para la necesaria reactivación de la actividad judicial. Entendemos que las iniciativas adoptadas por parte del Ministerio tienen un marcado carácter cosmético y auguramos un pésimo desenlace si no se nos proporcionan medios para poder cumplir con nuestro compromiso constitucional con la ciudadanía", señalan en el comunicado.

En este sentido, critican que en el Real decreto-ley de medidas organizativas y procesales para hacer frente al Covid-19 no se especifica por ejemplo "las directrices precisas respecto a cuándo se producirá la reincorporación de toda la plantilla de funcionarios" con plenitud de garantías, y abogan por que "con urgencia" se empleen todos los esfuerzos que sean necesarios "para reactivar cuanto antes la actividad judicial, con plenas garantías de protección de la salud de usuarios y profesionales".

Además, inciden en que para evitar el colapso de la Justicia tras dos meses de paralización por la pandemia es necesaria una inversión específica aunque sea temporal en medios personales y materiales. Recuerdan que España cuenta con un número de jueces de 11 por cada 100.000 habitantes frente a la media europea de 21, y que es el cuarto país de la OCDE en litigiosidad.

Así, advierten de que como la situación de partida es tan deficitaria, "una avalancha de reclamaciones consecuencia de la crisis derivada del Covid-19 unida al reseñalamiento de decenas de miles de actuaciones suspendidas "será, simplemente, inasumible".

Al hilo de esto, ambas asociaciones de jueces afirman que les causa perplejidad que en el decreto de Justicia se afirme que se promulga para garantizar el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, máxime cuando gracias "al endémico abandono" muchos juzgados ya tienen ocupadas sus agendas a dos o tres años vista.

Por este motivo, acusan al ministerio de desplazar a las salas de gobierno de los 17 Tribunales Superiores de Justicia la labor de liderar de facto la organización de la Justicia, "cuando lo cierto es que los miembros de dichos órganos carecen de la información y recursos necesarios para asumir dicha labor de liderazgo".

Denuncian además que desde que se publicó el decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado miércoles 29 de abril, han esperado sin éxito instrucciones claras respecto al suministro de medios de protección para las sedes judiciales, información sobre el impulso del teletrabajo, o directrices precisas sobre la reincorporación de toda la plantilla de funcionarios.

Lamentan también no haber recibido indicaciones sobre la duración de las exenciones para el cuidado de familiares, o una previsión realista sobre el alzamiento de la suspensión de los plazos procesales. También afean al ministerio que no se hayan anunciado "las medidas que permitan el ejercicio de la profesión con el indispensable cuidado de los menores de edad", toda vez que se ha anunciado que hasta el próximo curso éstos no volverán a asistir a los colegios.

Con todo, tanto la AJFV como la FJI han reiterado que pese a no estar conformes con la gestión del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han actuado con lealtad institucional presentando los informes que les han solicitado.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --la mayoritaria en la carrera judicial-- ha lamentado que ni el Ministerio de Justicia ni el CGPJ les haya informado ni del cómo ni cuándo se producirá la reactivación de la actividad, lo que está "generando incertidumbre, desasosiego y malestar entre los miembros de la carrera judicial".

"Somos conscientes de la dificultad de prever la evolución de los acontecimientos, pero ello no justifica la pasividad ni el oscurantismo", dice la APM en una carta con fecha de este miércoles, remitida al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes.

"No sabemos, ni siquiera por aproximación, cuándo se alzará la suspensión de los plazos y si se podrán celebrar aquellas actuaciones procesales que ya están señaladas. No podemos dar respuesta a los profesionales y ciudadanos que se dirigen cada día a los juzgados solicitando información sobre sus asuntos", añade la asociación.

Asimismo, afirma que, pese a que el CGPJ encomendó el pasado 26 de marzo a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia la coordinación de los trámites necesarios para llevar a cabo los test rápidos a los jueces, "a día de hoy" no se ha realizado a ningún miembro de la carrera judicial en España, salvo los que se lo han hecho a título individual por haber enfermado o presentado síntomas.

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