Carlos Lesmes destaca la presencia del Rey en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces

El presidente del CGPJ citó el artículo 117 de la Constitución, que proclama que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey

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El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, recordó ayer  a los integrantes de la LXX promoción de la Carrera Judicial, que recibieron sus despachos, que el Estado de Derecho reclamará de ellos “una defensa firme de la Constitución y de la ley, proporcionando respuestas adecuadas a los problemas de los ciudadanos y ofreciendo un marco de certeza y seguridad jurídica”.

“Tenéis un gran reto por delante: Los jueces ayudamos con nuestro trabajo a las personas a convivir en libertad, a tener seguridad, a proteger su propiedad, a ordenar sus relaciones familiares y laborales. Procuramos la paz colectiva y aseguramos la convivencia a través de la aplicación de las leyes, asegurando la plena vigencia de nuestro Estado de Derecho”, señaló Lesmes durante su intervención en el acto presidido por el Rey en Barcelona, en el que las 134 mujeres y los 54 hombres que integran la promoción han adquirido la condición de miembros del Poder Judicial.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces les agradeció su compromiso y les advirtió  de que deberán ofrecer lo mejor de sí mismos a la sociedad, “que no podría funcionar sin un servicio público de justicia eficaz y de calidad, que constituye, por tanto, una pieza esencial para garantizar la paz social y jurídica”.

Especiales exigencias éticas” de los jueces

Lesmes también hizo referencia a las “especiales exigencias éticas” que conlleva el ejercicio de la función judicial, entre las que citó en primer lugar la de actuar con independencia, incluso de las propias convicciones personales, como garantía de la aplicación ecuánime de las leyes y de la protección de los derechos de los ciudadanos.

“La autonomía e independencia del Poder Judicial dependerá también de vosotros a partir de ahora. Dependerá de vuestra integridad y de vuestra voluntad de confrontar con el suficiente ahínco cualquier intento de presión o manipulación. También tendréis a vuestra entera disposición todos los medios del Consejo General del Poder Judicial para preservar esa independencia cuando resulte amenazada. Esa, y no otra, es la clave de su existencia constitucional”, añadió.

El presidente del TS y del CGPJ dijo también a los nuevos jueces y juezas que los ciudadanos esperan de ellos que actúen con imparcialidad -guardando distancia respecto de las partes y del objeto del proceso- y con integridad, observando siempre “una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en el ejercicio de la función jurisdiccional, cuya dignidad exige un comportamiento acorde con la misma”.

Soberanía y unidad

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial destacó durante su intervención la “enorme fuerza simbólica” y el “profundo significado constitucional” de la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos, tradición que se remonta a hace más de 20 años.

Así, dijo que el artículo 117 de la Constitución, que proclama que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, “explica la legitimidad del Poder Judicial, que nace, como todos los poderes del Estado, del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional, pero también expresa que la Justicia se administra en nombre de quien simboliza la unidad y permanencia de nuestro Estado, conjugándose así en la fórmula constitucional, armónicamente, las ideas de soberanía y unidad de nuestra Nación”.

Autoridades presentes

 Al acto de entrega de despachos asistieron los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, además del presidente del Tribunal Constitucional; Pedro González-Trevijano; la ministra de Justicia, Pilar Llop; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; y el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, entre otras autoridades.

 

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