Malestar de jueces y fiscales por la presencia de Catalá en la reunión con Pablo Casado

El lunes, el líder del PP, Pablo Casado, se reunió con las asociaciones de jueces y fiscales en el Congreso de los Diputados. Lo hizo acompañado del secretario general del partido, Teodoro García Egea, de la portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, de la portavoz en la comisión de Justicia, María Jesús Moro, y del responsable del mismo área en el partido, el ex ministro Rafael Catalá.

El encuentro comenzó con mal pie: algunos colectivos acusaron a Casado de utilizarles por incluir en el orden del día la defensa del Gobierno del juez Llarena en Bélgica sin haberles avisado.

Reacciones y comunicado conjunto

Al término de la reunión, el PP hizo balance en declaraciones a los medios, valorando el resultado como “muy positivo”, afirmando que compartía las reivindicaciones de jueces y fiscales y comprometiéndose a ponerse de su lado en las negociaciones con el Gobierno de Sánchez.

También informaron sobre el encuentro las asociaciones, que emitieron un comunicado conjunto resumiendo la conversación: una intervención inicial de Casado, que expuso los motivos de la convocatoria; las manifestaciones de los representantes de las siete asociaciones, unas breves palabras de Catalá y Monserrat (no consta que Moro interviniera) y la fijación de unos compromisos por parte del PP.

Éstos son seis:

-- Reunirse cada dos o tres meses con las asociaciones para abordar los problemas de la Justicia y el estado de las propuestas realizadas.

--Convocar y reunirse a la mayor brevedad con los representantes territoriales en Cataluña.

--Escuchar y en su caso solicitar la convocatoria de los colectivos ante la comisión de Justicia para que puedan trasladar sus propuestas en las reformas legales que se planteen.

--Hacer lo posible para la renovación del CGPJ en plazo legal.

--No oponerse a la anunciada derogación del sistema de plazos recogido en el controvertido artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) y

--Desplegar todos los esfuerzos para que el 30 de septiembre esté finalizado el informe de la ponencia de la proposición de ley de reforma de la ley orgánico del poder judicial en materia de permisos y licencias, de forma que pueda votarse en octubre en el Congreso y en noviembre en el Senado, para entrar en vigor a la mayor urgencia.

Otro frente: Catalá

Según ha podido saber Confidencial Judicial, la reunión también terminó con mal pie para algunos.

La Unión Progresista Fiscal, que protestó enérgicamente con la inclusión de Llarena en la reunión sin previo aviso por parte de Casado, ha criticado muy duramente que el presidente ‘popular’ haya incluido en la reunión a Rafael Catalá.

Además de manifestar su “sorpresa” por la presencia del ex ministro, le han acusado de “inmovilismo absoluto” frente a sus reclamaciones el tiempo que ostentó la cartera de Justicia; es más, le achacan “la adopción de decisiones e iniciativas fuertemente criticadas por todas las asociaciones de jueces y fiscales”, como la interferencia en los nombramientos, el establecimiento de los plazos máximos del artículo 324 de la Lecrim o la implementación de la justicia digital.

Cuestión irónica, ya que Catalá salió de la reunión tras haberse comprometido a derogar estos dos últimos puntos, cuando fue él mismo quien los aprobó.

Por tanto, la UPF ha trasladado a Casado que para ellos Catalá “no es la persona idónea” para negociar con las asociaciones de jueces y fiscales.