Jueces

Piden hasta 26 años de cárcel para 54 acusados de irregularidades en viviendas de protección en Ceuta

Particulares que pagaron entre 6.000 y 20.000 euros por hacerse con la adjudicación irregular de 487 viviendas de protección oficial

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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha dictado este miércoles auto de apertura de juicio oral contra 54 políticos, empleados públicos, captadores de clientes y particulares que pagaron entre 6.000 y 20.000 euros por hacerse con la adjudicación irregular de dos partes de dos promociones de 487 viviendas de protección oficial (VPO) en la ciudad autónoma. El escrito de acusación de la Fiscalía solicita 26 años de cárcel para el supuesto "cabecilla" de la red, el exviceconsejero y diputado autonómico del PP Antonio López.

Se le imputan presuntos delitos de prevaricación continuada, falsedad de documentos en concepto de autor e inductor, cohecho continuado, promotor y director de organización criminal y blanqueo continuado de capitales con accesorias de multa de 5,9 millones de euros e inhabilitación por diez años.

Entre quince y trece años de cárcel solicita para cinco trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa, que da nombre a la causa abierta hace cinco años) y entre once y dos para los cuatro políticos que se sentarán en el banquillo (las exconsejeras de Fomento y Asuntos Sociales, el portavoz de Caballas y el entonces gerente del PP regional).

Todos ellos serán juzgados como presuntos partícipes de la "organización criminal" que el primero habría tejido "con el ánimo de enriquecerse ilícitamente y prevaliéndose de su cargo" para "articular un sistema de adjudicación de viviendas de promociones públicas subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta al margen del procedimiento legalmente previsto, a cambio de determinadas cantidades de dinero y sin valorar los requisitos necesarios para su adjudicación o haciéndolo de manera torticera".

A peticiones de condena de entre 11 y 9 años de prisión se enfrentarán cinco "intermediarios" señalados como "captadores de clientes" para López. Finalmente, tres años de cárcel por cohecho reclama la Fiscalía para cada uno de los 39 particulares identificados como pagadores de hasta 20.000 euros por conseguir la adjudicación de una vivienda en beneficio propio o de familiares.

El escrito de acusación señala que López "obtuvo una ingente cantidad de dinero ilícito" y "lo introdujo en el tráfico comercial dándole apariencia de legalidad ocultando su procedencia ilícita mediante operaciones de compra y venta de inmuebles o acciones en bolsa, vehículos, artículos de joyería (tanto en su nombre como a través de sociedades mercantiles creadas con este fin), concertando préstamos personales e hipotecas cuyas cuotas satisfacía con el dinero que obtenía de su actividad delictiva e incluso amortizando anticipadamente o canlando las deudas con cobros ilícitos".

El importe total que el acusado habría introducido "en el circuito financiero legal ocultado su procedencia" fue de 1,97 millones de euros.

Para "lograr su propósito" se habría valido "de una estructura por él diseñada y organizada que actuaba siempre bajo sus órdenes y directrices y que estaba conformada por los trabajadores comerciales de Emvicesa, los representantes públicos de la Comisión Local de la Vivienda y de intermediarios y captadores de clientes".

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