Informe GRECO

España no es un país corrupto según el Consejo de Europa

Cumple 11 de las 15 recomendaciones de la organización europea sobre incriminación y transparencia en la financiación de partidos

Francisco Granados prision operacion Punica
Francisco Granados, en prisión desde 2014 por la 'operación Púnica'.

El Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO, por sus siglas en inglés) de 2015 revela que España ha cumplido 11 de las 15 recomendaciones de la organización en materia de incriminación y transparencia en la financiación de partidos políticos. A pesar de los últimos escándalos conocidos, como la ‘operación Púnica’ o los ERE de Andalucía, el país ha pasado el examen europeo de naciones corruptas.

El GRECO trabaja en la lucha contra la corrupción estableciendo estándares y evaluando su cumplimiento. Fue en 2007 cuando se centró en dos aspectos: la incriminación y la transparencia en la financiación de partidos políticos.

Dos años más tarde, la organización formuló nueve recomendaciones sobre el primer tema y seis, sobre el segundo. España, durante los años 2011, 2013 y 2014, ha informado de las actuaciones que ha llevado a cabo para cumplir esas 15 recomendaciones.

El Confidencial Digital ha tenido acceso al último Informe GRECO. De él se desprende que, hasta 2014, España cumplía seis de las sugerencias “de forma satisfactoria” y nueve de manera “parcial”.

Y va más allá. A fecha de 2015, había logrado cumplir 11 en su totalidad y cuatro, de forma parcial, pese a los escándalos de corrupción surgidos en España, como el ‘caso Gürtel’ (2009), el ‘caso de los ERE de Andalucía’ (2011), el ‘caso Bárcenas’ (2013) o la ‘operación Púnica’ (2014).

El informe GRECO -cuyas 15 recomendaciones se pueden leer aquí- va dirigido a los 49 países que integran este grupo de estados, 47 de ellos del Consejo de Europa.

Transparencia en la financiación de partidos…

En cuanto a la transparencia en la financiación de partidos políticos, España ha cumplido, entre otros, los siguientes consejos:

-- Definir las normas sobre financiación política e introducir sanciones efectivas para las infracciones, ampliando el rango de sanción e incluyendo a todas las personas y entidades.

-- Transparencia en las cuentas y rendimientos de los partidos.

-- Mejorar el sistema de auditoría interna de las formaciones políticas.

 

-- Aumentar los recursos del Tribunal de Cuentas para que realice de forma más eficaz sus tareas de control de la financiación política.

… e incriminación

En relación a la incriminación, España también ha cumplido las siguientes recomendaciones:

-- Aclarar que las ventajas inmateriales están contempladas en las disposiciones del Código Penal relativas a corrupción.

-- Aumentar las sanciones para los delitos de corrupción, para garantizar que éstos puedan dar lugar a extradición y aumentar las sanciones para el tráfico de influencias.

-- Abolir el requisito de la doble incriminación en relación con los delitos de corrupción y tráfico de influencias cometidos en el extranjero.

Reformas acometidas por España

Con el objetivo de satisfacer las 15 recomendaciones del GRECO, España ha llevado a cabo algunas reformas en el Código Penal y en la ley de Control de la Actividad Económica de los Partidos Políticos, según recoge el informa consultado por ECD.

En cuanto a la incriminación, la adopción de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 marzo, de reforma del Código Penal, recoge entre otras la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la regulación del tráfico de influencias activo, penas más severas para los delitos de corrupción y, sobre todo, en aquellos cometidos en transacciones económicas internacionales.

En relación a la transparencia en la financiación de partidos, la ley mencionada anteriormente tipificó el delito de financiación ilegal de partidos políticos.

Por su parte, la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, recoge el control de la actividad económico-financiera de las formaciones políticas, la prohibición de donaciones procedentes de personas jurídicas y la obligación de publicidad de los partidos, entre otros.

El Grupo de Estados contra la Corrupción se constituyó en 1999, en el ámbito del Consejo de Europa, con el objetivo de controlar el cumplimiento de las normas anticorrupción adoptadas en la organización.

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