Legislación

Una nueva ley obliga a la Agencia Madrileña de Tutelación de Adultos a someter el patrimonio de sus tutelados a auditoría externa

La nueva ley establece una Comisión de Protección del Patrimonio de Personas con Discapacidad que les ayudará en la rendición de cuentas

Logo de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.
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La Ley que establecía la creación de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos ha sido modificada mediante una ley que establece, entre otras cosas, que queda obligada a someter a sus titulados a auditoría externa.

Se trata de una entidad pública creada en 1995 que ofrece protección jurídica y social a personas mayores de 18 años, residentes en la Comunidad de Madrid, que estén incapacitadas legalmente o que se encuentren dentro del proceso de reconocimiento de incapacidad.

La decisión de la auditoría externa viene regulada por la obligación de informar anualmente al juez sobre la situación del adulto incapacitado de forma que se rindan cuentas de forma anual sobre su administración.

Esta auditoría se realizará con medios de la Administración Pública, encargada, según el artículo 49 de la Constitución, de atender y amparar a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.

Además, la nueva Ley, a la que ha tenido acceso Confidencial Judicial, establece la creación de una Comisión de Protección del Patrimonio de las Personas con Discapacidad, que asesorará al Ministerio Fiscal en el examen de la rendición de cuentas de los tutelados y que elaborará una memoria anual sobre la protección patrimonial de los mismos.

En el nuevo documento se detalla que estas medidas se harán siempre cumpliendo la protección de datos de carácter personal.

Otro nuevo artículo establece la prohibición expresa por parte de la Agencia de vender o hipotecar el patrimonio de las personas tuteladas para la financiación de la misma.

Además, propone la constitución de un área de voluntariado "como mecanismo para fomentar la concienciación y participación de la sociedad" en la inclusión de las personas tuteladas por la Agencia.

También se incluye el establecimiento de un plan individualizado de intervención, de forma que la tutela de la Agencia se adaptará a cada persona y a los cambios que se operen en su situación personal, jurídica y patrimonial.

 
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