División en los letrados del Congreso por la enmienda del Gobierno sobre los Presupuestos
Algunos consideran que se trata de un fraude de Moncloa, mientras que para otros puede llegar a ser lícito porque fue puesta en conocimiento de los diputados
La maniobra legal del Gobierno para modificar la ley de estabilidad presupuestaria no ha gustado a la oposición y tampoco a Ciudadanos, que han acusado al Ejecutivo de utilizar “trampas” para lograr sus objetivos.
La estrategia ha consistido en incluir una enmienda a la proposición para modificar la ley orgánica del poder judicial e incluir la formación de los jueces en una perspectiva de violencia de género, una medida estrella anunciada por la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, a mediados de julio.
Esa enmienda cambia la ley de estabilidad presupuestaria, restando peso al Senado para, por ejemplo, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, para los que Pedro Sánchez anda escaso de apoyos y que podrían obligarle a convocar elecciones.
El PSOE y Podemos la consideran una vía lícita para sacar adelante iniciativas parlamentarias, mientras que PP y Cs han calificado la estratagema de “argucia”, “fraude” y “triquiñuela”. Los ‘populares’ han pedido a los letrados de la Cámara Baja que emitan un dictamen sobre el asunto.
División de opiniones
Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Judicial, un primer examen de la asesoría jurídica del Congreso ha generado división entre los letrados.
Al parecer, según fuentes conocedoras del caso, existen distintas opiniones sobre la viabilidad legal de la actuación del Gobierno: para un grupo de juristas, está claro que se trata de una vulneración de los derechos constitucionales de los diputados, puesto que la enmienda afecta a asuntos que no tienen que ver con el objeto de la ley que se quiere modificar.
Además, supone de facto el cambio sustancial de otra ley orgánica sin pasar por la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso, algo que establece la Constitución.
Sin embargo, otros letrados afirman que no pueden unirse con seguridad a esta opinión, de la que discrepan. Según dicen, los diputados sí tuvieron conocimiento de las consecuencias legales de la enmienda, como demuestra el hecho de que muchos de ellos la han denunciado.
En ambos grupos existen dudas sobre si es lícita esta maniobra de Pedro Sánchez para saltarse la Mesa del Congreso. Las fuentes consultadas por ECJ manifiestan que se trata de observaciones hechas tras un primer examen de la enmienda. Para emitir el dictamen, hará falta un estudio más profundo y sosegado.
