Los juristas no tienen dudas: “La amnistía va a ser anulada por el Tribunal de Justicia de la UE”
Magistrados y catedráticos de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial defienden que la proposición de ley va en contra del derecho europeo
Desde que la Comisión de Justicia acordó el primer borrador de la proposición de ley de amnistía, la cual va a ser sometida a voto en el Congreso el próximo 30 de enero, varios juristas han afirmado que se trata de una legislación que va en contra del derecho europeo.
Las enmiendas pactadas entre PSOE, Sumar, Junts per Catalunya, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos el pasado martes, entre las que se encuentra la de excluir los delitos de terrorismo que han causado “violaciones graves de los Derechos Humanos” no han hecho más que avivar las críticas.
“La ley de amnistía va a ser anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), no tengo la más mínima duda”, ha afirmado Jaime Lozano, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Lozano ha hecho estas declaraciones este viernes en un coloquio organizado por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) en la Universidad de Barcelona donde también han intervenido el exjuez del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), Ignacio Ulloa; el magistrado Jesús Manuel Villegas; y el catedrático de derecho internacional privado Rafael Arenas.
Malversación y terrorismo
Ulloa, que fue juez del TGUE entre el 2013 y el 2019, ha destacado las principales problemáticas de la proposición de ley: amnistiar los delitos de malversación y terrorismo.
Respecto al primero, el exjuez asegura que el reglamento de la Unión Europea vela por los intereses financieros de la comunidad y lucha contra el fraude, donde está incluido este delito. No solamente hay un tratado de las Naciones Unidas ratificado por España en contra de la corrupción, sino que hay varias sentencias el TJUE en las que se dictamina que prevalecen los intereses y la integridad del sistema europeo. “No se puede crear una apariencia de impunidad para con la malversación”, ha sostenido.
Por otro lado, Ulloa ha confirmado que la directiva europea que recoge el terrorismo incluye desde los delitos de sangre hasta los que intenta proteger la ley de amnistía PSOE-Junts: lesiones, daños de infraestructuras, desobediencia, corte de suministros…
Llevar la ley al TJUE suspendería la ley
En el texto aprobado por la Comisión, hay un par de preceptos que determinan la anulación de las medidas cautelares como las órdenes de detención (artículo 4.c y 4.d del Título II): “En el momento de la entrada en vigor de esta ley, el órgano judicial que, en cada momento, esté conociendo de la causa procederá a dejar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”.
Jesús Manuel Villegas, portavoz de la PCIJ, ha afirmado que esta norma abre las puertas para que Puigdemont pueda volver a España sin ser detenido. Sin embargo, hay una manera legal para impedirlo: plantear una cuestión ante el Tribunal Constitucional o el TJUE.
El “mero hecho” de llevar un conjunto de preceptos a estos tribunales ya supondría la suspensión de la norma hasta que se pronunciaran. Es decir, en vez de llevar, por ejemplo, la causa de Tsunami Democràtic que quedaría amnistiada con la ley, los jueces pueden presentar el propio texto ante los tribunales mencionados.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que cualquier ley que se esté estudiando a través de un recurso de inconstitucionalidad queda suspendida.
La legislación del TJUE sigue el mismo concepto, con el añadido que este tribunal no puede ser modificado por el Gobierno español. “Es por eso que desde la Plataforma aconsejamos principalmente el planteamiento de la cuestión ante el TJUE”, ha afirmado el portavoz.
Una guía práctica para jueces
Los magistrados del coloquio han reiterado que “no se trata de un enfrentamiento” entre el poder judicial y el legislativo, sino de aplicar el derecho conforme a las normas, donde prevalecen las europeas. “Es legítimo que el juez pregunte al TJUE”, han argumentado en diversas ocasiones.
Ante la posibilidad de que la proposición ley de amnistía sea aprobada, la PCIJ ha elaborado la “guía para el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE” para los magistrados del territorio nacional, ya que “no todos los tribunales están familiarizados” con esto.
“Si la ley de amnistía entra en vigor mañana, no daría tiempo a preparar la cuestión de inconstitucionalidad o ante el TJUE. Nosotros les damos los argumentos ya preparados para que lo hagan con el menor tiempo posible”, ha explicado el magistrado Jesús Villegas.
