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El Ministerio celebra las nuevas leyes y medidas incluidas durante 2021 en el Plan Justicia 2030

Un grupo conformado por jueces, fiscales, abogados y procuradores trabaja en las aportaciones al borrador de la nueva LECrim

Pilar Llop se reúne con la APM
photo_camera Pilar Llop, ministra de Justicia.

El Ministerio de Justicia ha avanzado de manera significativa en este año 2021 en los compromisos adquiridos por el Gobierno en su área de trabajo, centrados en transformar la Justicia en un servicio público accesible, eficiente y sostenible, y con las garantías propias de un Estado social y democrático de derecho.

Para la consecución de esta meta, según un comunicado del ministerio, la cartera dirigida por la ministra Pilar Llop reseña en un comunicado haber dedicado importantes esfuerzos en este año que concluye a sentar las bases de Justicia 2030, un ambicioso plan que persigue configurar la Justicia como un servicio público orientado al bienestar en derechos.

La base de Justicia 2030 son tres leyes que ya están en marcha: la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia organizativa, orientadas a dar respuesta a la necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia; y la ley de eficiencia digital, con la que se pretende establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización. Las dos primeras irán próximamente en segunda vuelta al Consejo de Ministros y, la tercera, ha sido aprobada en primera vuelta hace poco más de dos meses.

El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia contempla la creación de tres figuras fundamentales para poner al día el ámbito de actuación de la Justicia: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el Municipio. Estas tres piezas de la nueva norma contribuirán a una gestión y organización más eficientes, y reducirán la brecha territorial, digital y ecológica, en línea con los objetivos marcados por el propio Gobierno.

La Oficina de Justicia en el municipio acercará a la ciudanía los servicios públicos, independientemente del lugar en el que habiten, con especial atención a mujeres víctimas de violencia, personas mayores -que necesitan un acompañamiento personalizado para realizar sus gestiones con la Justicia-, niños y jóvenes. Asimismo, los Tribunales de Instancia darán más flexibilidad a la planta judicial, para simplificar el acceso de la ciudadanía a la Justicia y para mejorarla en términos de especialización.

En cuanto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, contempla medidas para potenciar los medios adecuados de solución de controversias y, de esta forma, reducir el conflicto social y evitar la sobrecarga de los tribunales con medios que resulten satisfactorios para todas las partes implicadas, ahondando en la cohesión social.

Digitalización

Por su parte, la ley de eficiencia digital, promueve la digitalización, regulando los servicios tecnológicos accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.

La norma hará estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que se implantaron durante la pandemia y que después se han consolidado. En total son más de 700.000 los juicios telemáticos celebrados durante la pandemia, que han supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 14 millones de euros y han evitado la emisión de más de 6.825 toneladas de CO2.

Reforma de la LECrim

Otro de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Justicia es llevar a cabo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), dando respuesta a la demanda histórica de superar el paradigma procesal penal decimonónico e implantar en España un modelo moderno y avanzado de proceso penal, reforzando el principio de imparcialidad judicial y el derecho de defensa, y armonizando nuestro modelo procesal con los más avanzados de nuestro entorno.

En este sentido, el Ministerio de Justicia ha creado un grupo interinstitucional que trabaja ya en las aportaciones al texto del anteproyecto, que se estima estarán listas a lo largo del primer trimestre de 2022. El citado grupo está integrado por representantes del Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial, representantes de la Audiencia Nacional o de la Audiencia Provincial de Madrid, también a la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de los Procuradores de España.

Ley Concursal

Asimismo, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha aprobado el pasado 21 de diciembre en segunda vuelta de Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, una norma que sitúa España a la vanguardia de la reestructuración de empresas en el ámbito europeo.

Este proyecto normativo tiene como objetivo la transposición de la directiva europea de reestructuración e insolvencia, e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia, faciliten el mantenimiento de empresas viables y refuercen el tejido productivo.

Protección a denunciantes

También en materia de trasposición de directivas, Justicia está impulsando el Anteproyecto de Ley para luchar contra el fraude digital y el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.

Además, con vistas a cumplir con el objetivo de mejorar las garantías del derecho a la tutela judicial efectiva, se está trabajando en el marco del Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, cuya pretensión es aunar en un único cuerpo legal todos los aspectos de este derecho fundamental, incorporando las novedades oportunas a la luz de la jurisprudencia y del ejercicio diario de la abogacía.

Asimismo, el Ministerio de Justicia ha impulsado la reforma de las normas civiles y procesales para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, un texto aprobado en junio y que amplía derechos y da un gran salto hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Con el propósito de una justicia más igualitaria, además, la cartera dirigida por Pilar Llop está trabajando en la creación de un sistema de becas dirigidas a acabar con las barreras de acceso para quienes realicen oposiciones a las carreras judicial y fiscal, al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado. A este fin se destinan 1,62 millones de euros en los Presupuestos Generales de 2022. 

Igualdad de género

En relación a la igualdad de género, un objetivo prioritario del actual equipo de Justicia, el Ministerio, junto con el CGPJ, ha reforzado la especialización de la planta judicial, creando más Juzgados de Violencia sobre la Mujer y extendiendo su jurisdicción a dos o más partidos judiciales, procurando guardar un equilibrio entre la proximidad razonable del juzgado respecto de la víctima y la Justicia especializada que se requiere en este tipo de procedimientos.

En la misma línea, se ha puesto especial atención en la coordinación entre el Sistema VioGen, las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las Fiscalías y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, y se ha llevado a cabo el Nuevo Protocolo de Valoración Forense Urgente del Riesgo de Violencia de Género, aprobado por el Consejo Médico Forense en octubre del pasado año, entre otras medidas.

Justicia participa también en la tramitación del Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, impulsada por el Ministerio de Igualdad.

Mejoras para los profesionales del sector

Otro puntal en la actuación del Ministerio es mejorar las condiciones de todas las personas que trabajan en el ámbito de la Administración de Justicia. Así, con las nuevas leyes de eficiencia organizativa y eficiencia digital se les facilitará que puedan hacerlo de forma deslocalizada en sedes distintas a las que se encuentran adscritos como, por ejemplo, desde las Oficinas de Justicia en el Municipio.

Por su parte, la ley de eficiencia procesal introduce diferentes medidas para mejorar la conciliación de la vida personal y familiar de la abogacía, procura y graduadas y graduados sociales. Desde el Ministerio también se va a abordar la regulación de la baja por maternidad o paternidad como causa de suspensión del procedimiento, no sólo de determinados actos procesales como las vistas. También está prevista la inhabilidad a efectos procesales desde el 24 de diciembre al 6 de enero.

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