Campo quiere buscar el consenso político y judicial para la nueva LECrim

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presidido este lunes la primera reunión presencial de la comisión de expertos designada para elaborar el Anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), a la que ha advertido de que será necesario alcanzar el "consenso" en el ámbito político y judicial.

"Se va a necesitar mucho consenso", ha asegurado el titular de Justicia, al mismo tiempo que ha recalcado que lo "prioritario" es "tener un nuevo modelo de proceso penal cuanto antes". En este sentido, a pesar de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, Campo ha defendido durante su intervención el momento elegido para el inicio de los trabajos por parte de la Comisión.

El ministro, que ha incluido la actualización del proceso penal entre las prioridades de su mandato, ha reiterado su compromiso a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes del final de año, tal y como afirmó en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 17 de febrero, cuando presentó su proyecto al frente del Ministerio.

El principal objetivo de la reforma de esta ley que lleva vigente desde 1882 es "reforzar la actuación del fiscal bajo el principio de unidad de acción", según explica el Ministerio de Justicia en un comunicado.

Se trata de actualizar "las formas de investigación y enjuiciamiento penal" y dar a los fiscales la dirección de las instrucciones de las causas penales para "dar una respuesta a modalidades delictivas cada vez más complejas". "Es también una demanda de operadores jurídicos y académicos" para adaptarlo al modelo que ya tiene la mayoría de países de nuestro entorno, ha apuntado el departamento que dirige Juan Carlos Campo.

La comisión que elaborará el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal está presidida por el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan José López Ortega, designado por el ministro de Justicia para coordinar los trabajos el pasado 15 de abril.

Sus diez integrantes, entre los que se cuentan fiscales, magistrados y profesores de Derecho Procesal, algunos de los cuales participaron en la propuesta de reforma normativa del anterior Gobierno socialista, han estado trabajando desde entonces de forma telemática. La comisión está apoyada por una subcomisión técnica adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia.

La redacción de una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo y busca superar definitivamente una legislación decimonónica desbordada por la realidad procesal.