Funcionarios del registro civil acusan al PSOE de intentar privatizarlo
Aseguran que trata de retirar la competencia a la Administración Pública. Señalan al portavoz de Justicia en el Congreso, Juan Carlos Campo
Funcionarios del registro civil aprovecharon la manifestación del domingo de la llamada España vacía y rural para protestar contra la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez respecto de este organismo.
Se trata de la implantación de la ley 20/2011, cuya entrada en vigor se ha retrasado hasta el 30 de junio de 2020 y que entra en los planes de Gobierno del PSOE.
Esta ley, muy controvertida, supone el cierre de las oficinas del registro civil de las poblaciones que cuentan con juzgados de paz y de 350 partidos judiciales, pasando a haber 60 sedes en toda España.
Para paliar este cierre, funcionarios del registro están advirtiendo la intención de algunos altos cargos del Ministerio de reorganizar la Administración de Justicia mediante privatizaciones y despidos de interinos.
Según las fuentes del registro consultadas por Confidencial Judicial, los funcionarios han señalado especialmente al portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Juan Carlos Campo, como muñidor de este proyecto.
Por eso, han redoblado sus críticas al Gobierno y en especial a Ferraz, que no tienen, según dicen, interés en mantener la oferta de empleo público en el registro civil, sino que terminará privatizándose.
Advierten del riesgo de que se pierda la ingente cantidad de documentación almacenada en las localidades menos pobladas si se procede a su cierre.
