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El Gobierno confía en que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal quede aprobada en 2022

El ministro Juan Carlos Campo cree que así se puede impulsar el Estado de Derecho y que la Justicia sea más eficiente

Juan Carlos Campo en la Sesión de Control en el Senado
photo_camera Juan Carlos Campo en la Sesión de Control en el Senado

El Gobierno confía en que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que arrebatará la investigación penal a los jueces para dársela a los fiscales, actualmente en fase de anteproyecto, quede aprobada en 2022, según consta en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia publicado este miércoles.

Sobre la nueva LeCrim, el Ejecutivo señala que "durante 2020 y 2021 se está trabajando con los distintos agentes involucrados, elevando el conjunto de propuestas normativas con objeto de tenerlas aprobadas en 2022".

Además, destaca que "diseña un nuevo modelo de proceso penal constitucional, más acorde y totalmente coherente con la arquitectura del Estado de Derecho que establece nuestra Carta Magna" porque con los nuevos roles de fiscal investigador, juez de garantías y juez de audiencia preliminar "se consigue distinguir nítidamente en el marco del proceso las funciones de: investigar, tutelar los derechos de los investigados y decidir sobre la conveniencia de abrir juicio oral".

Resalta asimismo que "el anteproyecto refuerza las garantías y, especialmente, el papel central de la víctima en el proceso", a la que "reconoce un estatuto propio, contemplando un amplio catálogo de medidas para evitar la revictimización e incorporando la justicia restaurativa a la norma procesal". "En la misma línea, la nueva ley contempla nuevos mecanismos de protección para menores y personas con discapacidad", añade.

También ensalza "la incorporación de nuevas herramientas para la lucha contra la criminalidad", puesto que "da regulación a las más avanzadas técnicas de investigación contra el crimen, como son la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática, así como la mejora de la regulación del AND".

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