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Justicia abordará el desarrollo normativo de la mediación en el ámbito administrativo

El ministro quiere implantar mecanismos de conciliación que eviten costes innecesarios y transformen la relación Administración-ciudadanía

Juan Carlos Campo
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha trasladado el firme compromiso del Gobierno por avanzar en la implantación de mecanismos de solución amistosa de controversias para mejorar la capacidad de respuesta desde la justicia ante las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y el previsible aumento de la litigiosidad.

Para ello, el departamento que dirige Campo trabaja ya en el desarrollo normativo de la mediación en el ámbito administrativo, un planteamiento que se sumará a lo que ya viene contemplándose en el anteproyecto de ley sobre medidas procesales y tecnológicas sobre medios adecuados de solución de litigios para los órdenes jurisdiccionales civil y social.

“La preparación del anteproyecto está siendo un proceso presidido por la colaboración, la participación y el diálogo con los distintos sectores de la justicia, pero también con la sociedad civil. Nuestro objetivo es lograr un instrumento legislativo que sea útil a nuestra sociedad”, ha asegurado el ministro que recuerda que este instrumento normativo es uno de los tres ejes del plan Justicia 2030 para lograr una Justicia Sostenible, junto al Real Decreto-ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 y a los planes de reactivación en las distintas jurisdicciones.

Campo reconoce a la mediación como un indicador de calidad en la prestación del servicio público y comparte el compromiso manifestado también por el CGPJ en su Plan de choque hacia esta nueva forma de tutela a través del diálogo y el acuerdo.

“De forma paralela o previa a acudir a los tribunales, vamos a promover una nueva forma de resolver las diferencias de forma amistosa, desde el diálogo y el convencimiento mutuo en la solución alcanzada, trasladando el máximo protagonismo a las partes y evitando costes innecesarios tanto para los intervinientes como para el conjunto de los contribuyentes”, ha señalado.

Para dar una idea del volumen de actividad, el ministro ha recordado las estimaciones sobre el incremento en la entrada de asuntos próximos al 140% en la jurisdicción social, del 145% en la jurisdicción civil y del 125% en contencioso administrativo.

Y en retrospectiva, ha apuntado los datos que recoge la memoria 2019 del Consejo General del Poder Judicial el año 2018, según la cual, ingresaron 208.374 asuntos en esta jurisdicción, con una duración media de los procesos que alcanza un periodo de entre 10 y 14 meses y un total de 126.849 sentencias dictadas en los diferentes órganos de esta jurisdicción.

Campo ha reivindicado por tanto la importancia de estos mecanismos de solución de controversias que son reclamados no sólo por el sector Justicia sino también por las empresas, y en ese sentido, ha apuntado que “desde hace muchos años, el mundo empresarial a través de las Cámaras de Comercio, ha promovido la mediación o el arbitraje para resolver de forma consensuada las diferencias en relación con las PYMES, los autónomos o las grandes empresas”.

Para acometer esta tarea, Campo ha resaltado, asimismo, el papel imprescindible de las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos, como actores fundamentales en el proceso de implantación de mecanismos como la conciliación o la mediación administrativa.

El ministro comparte con el Consejo de Estado la complejidad que entraña la mediación administrativa ya que el principio de libre disposición es mucho más reducido en el ámbito público, siendo consciente de que la Administración tiene limitada la capacidad negociadora, lo que aconseja a futuro una iniciativa normativa diferenciada.

Del mismo modo, las políticas públicas que emprenda Justicia en esta materia van a ser cohonestadas con el Ministerio de Administración Territorial y Función Pública, en lo concerniente a la modificación de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el Ministerio de Hacienda en lo que se refiere a la Ley General Tributaria, Ley General Presupuestaria y Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, entre otras normas.

“La implantación de las soluciones amistosas de diferencias en el ámbito administrativo implica transformar la relación Administración-ciudadano de unidireccional a bidireccional a través del diálogo y desde la flexibilidad”, ha abundado el ministro, mostrando su voluntad para “ponderar y equilibrar el interés general y el reconocimiento del interés particular y legítimo de los ciudadanos en una Administración integradora y democrática, como reflejo de una buena gobernanza". 

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