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Justicia planea reformar los registros contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El Ministerio ha abierto una consulta pública sobre si incluir a personas físicas prestadoras de servicios a sociedades y fideicomisos

Ministerio de Justicia.
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El Ministerio de Justicia abrió el pasado martes una consulta pública sobre la inscripción en el registro mercantil de las personas físicas prestadoras de servicios a sociedades y fideicomisos descritas en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Esta consulta pública, cuyo plazo para presentar aportaciones finaliza el próximo 7 de agosto, ser realiza en conformidad con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común que establece la "mejora de la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas".

Los profesionales que la institución se plantea inscribir en el registro mercantil son los descritos en el artículo 2.1.o de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, nominados como personas que prestan ciertos servicios por cuenta de terceros.

Entre estas personas están aquellas que constituyen sociedades u otras personas jurídicas; que ejercen funciones de dirección o de secretarios no consejeros del consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad; que sea socio de una asociación o funciones similares; que facilite un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad.

También están incluidas las personas que ejercen funciones de fiduciario en un fideicomiso o disponen que otra persona ejerza dichas funciones y aquellas que ejercen funciones de accionista por cuenta de otra persona en una sociedad, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la UE  y que estén sujetas a los requisitos de información de la Unión o a normativas internacionales equivalentes que garanticen su transparencia.

Esta consulta se hace a través de un canal constituido por el Ministerio de Justicia como punto a acceso a los trámites de consulta pública y de audiencia e información pública en el proceso de elaboración de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y proyectos de normas reglamentarias que impulse el Ministerio.

Este canal se inauguró en 2018 con la intención de cumplir una orden del Consejo de Ministros de 2016 por la que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales.

Los trámites de consulta pública previa tienen por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo.

 
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