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Plan Justicia 2030: aprobado el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia

El equipo de Llop pretende situar a la Administración de Justicia en la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea

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El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia que, junto a la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia organizativa -que ya están en tramitación-, constituyen la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar el servicio público de Justicia y hacerlo más eficiente.

El objetivo de la ley, impulsada por Justicia, es establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia. 

La norma hará estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que se implantaron durante la pandemia, pero que después se han consolidado.

“Los más de 590.000 juicios telemáticos celebrados durante la pandemia han supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 12 millones de euros y han evitado la emisión de más de 5.850 toneladas de CO2”, ha detallado la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Con este Anteproyecto, “pretendemos situar nuestra Administración de Justicia en la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea”, ha señalado Llop, subrayando que la ley pone el foco en la ciudadanía y establece la obligación de las administraciones competentes en materia de Justicia de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio del Estado.

Según la ministra, “con esta norma avanzamos en cohesión social y territorial, gracias a la cohesión digital”.

Además, impulsa la transformación de la Justicia hacia un servicio público “cercano, eficaz y rápido”, ha destacado, tras aludir a que este texto normativo está en línea con la Carta de Derechos Digitales promovida por la Vicepresidencia Primera, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, junto con el Ministerio de Justicia. 

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