Campaña de la Renta: España, ante el TJUE por las sanciones del modelo 720

La Comisión Europea ha presentado un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la aplicación de sanciones “desproporcionadas” por no notificar los activos poseídos en otros Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE), el llamado modelo 720 de la campaña de la Renta.

“Sanciones confiscatorias”

El despacho de abogados de Palma DMS Consulting denunció el modelo 720 en febrero 2013 ante la Comisión Europea, alegando el carácter “confiscatorio” de las sanciones, ya que pueden superar el valor de los bienes no declarados y porque se trata de las únicas faltas que no prescriben, algo que sólo ocurre en el caso de los delitos de genocidio o de terrorismo.

Las multas pueden ser sanciones formales de 100 o 5000 euros por dato, imputación en IRPF del valor de los bienes extranjeros sin posibilidad de alegar prescripción o sanción del 150% sobre la cuota de IRPF.

El bufete ha denunciado en varias ocasiones desde 2015 que Hacienda ha aplicado el real decreto de manera indiscriminada, “a todo el que declaraba fuera de plazo, aunque fuera por unos pocos días”, ordenando a su vez un total de 7.000 inspecciones que terminaban en las sanciones antes descritas.

Más de dos años de retraso

En noviembre de 2015, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España a raíz de la denuncia de DMS, y en febrero de 2017, envió un dictamen motivado en el que exigía la modificación del decreto ley  por considerar que las sanciones vulneran la libre circulación de capitales, la de personas, la de trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios.

Un año y medio después, ante la dejadez del Gobierno, DMS acudió al Defensor del Pueblo Europeo para que se aplicara el dictamen motivado. Ahora, ocho meses después, la Comisión ha decidido presentar un recurso ante el TJUE.

“El palo y la zanahoria” de Montoro

Se trata del segundo precepto de la política fiscal de Cristóbal Montoro que va camino de ser revocado, ya que el Tribunal Constitucional anuló en 2017 el real decreto 12/2012, que aprobó la última amnistía fiscal.

Ésta era una medida que complementaba, en palabras de Montoro, al modelo 720. Ambas, la amnistía fiscal y las sanciones por los activos no declarados en el extranjero, constituían “el palo y la zanahoria para la regularización de esa economía sumergida”, según afirmaba textualmente el ministro.