Un hombre se enfrenta a 8 años de cárcel por estafar más de 300.000 euros a sus 'amigos'

El acusado se hacía pasar por responsable de un banco para que las víctimas invirtieran sus ahorros en su cuenta corriente

banquillo

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita ocho años de prisión para un hombre por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil. El acusado, según explica el representante del Ministerio Público, convencía en su calidad de agente representante del Banco Maediolanum a personas con las que tenía una relación de confianza para que invirtieran sus ahorros que iban a finalmente iban a parar a su propia cuenta bancarias, a las de sus familiares más próximos o a la del casero que le alquilaba la vivienda.

En concepto de responsabilidad civil al acusado se le reclaman 310.264 euros. Costas y también se recuerda que pese a los “continuos” requerimientos por parte de los perjudicados, ni la entidad ni el acusado “han efectuado hasta la fecha la restitución de cantidad alguna”. El juicio comienza este lunes.

Desde el 12 de febrero de 2010 el hombre actuaba como agente representante, del Banco Mediolanum por lo que llevaba a cabo actividades de promoción de operaciones, servicios de inversión, contratos de seguro, y cualesquiera otros servicios financieros ofrecidos por la entidad siempre en su nombre y en su representación. Así, durante dos años el acusado elaboró un plan para apoderarse de las cantidades que eran ingresadas por los clientes “falseando las cuentas de los mismos, entregando documentos manipulados para generar engaño en los clientes y realizando trasferencias no consentidas desde las cuentas de los mismos a su cuenta personal o utilizando las cuentas de sus padres o de su esposa que habían abierto en el citado banco o llevando a cabo pagos de sus deudas desde las citadas cuentas abiertas por los clientes”.

En su condición de agente representante de Banco Mediolanum, y aprovechando de la relación personal que le unía con los hermanos J. A.M.N. y L. M. M. N les aconsejó abrir una cuenta en la entidad donde “movidos por las supuesta ventajas económicas que el acusado les ofrecía” realizaron dos ingresos: el primero de 115.000 euros y el segundo de 10.000. Gracias a la obtención fraudulenta de las claves de internet de los estafados, Lozano realizó transferencias “no consentidas por sus titulares” para apoderarse de todo el dinero.

Los destinatarios de las transferencias a cuentas abiertas en el mismo banco por el acusado fueron su madre (26.098 euros), su padre (918 euros), su esposa (4.574 euros), al casero que le tenía alquilada su vivienda (22.725 euros) y él mismo (43.658 euros). Además, el 2 de marzo el acusado ofreció a J. A. M. N. la posibilidad de obtener un IPAD si procedía a ingresar inmediatamente la cantidad de 6.000 euros en la cuenta de la que era titular, “facilitándole no obstante el acusado su propia cuenta bajo la creencia de que la numeración facilitada era la suya”, una cantidad que éste incorporó a su patrimonio.

Los servicios de auditoría de la entidad, ante la existencia de estos cargos, pidieron explicaciones al acusado quien el 24 de enero de 2011 y, “con la finalidad de mantener el engaño y justificar las transferencias bancarias”, aportó un contrato de arrendamiento íntegramente creado por Lozano en el que estampó las firmas de los hermanos y un contrato de prestación de servicios “también íntegramente creado por el acusado”, donde estampó la firma de J. A. M. N.

Con el mismo modus operandi, y aprovechándose de una relación de confianza con C. Y. M. B. y N. G. F´., ambos procedieron a aperturar una cuenta con un saldo de 18.000 euros, “haciéndoles creer el acusado que iba a proceder a realizar diversas inversiones”. En realidad el acusado volvió a realizar trasferencias no consentidas por los titulares de las cuentas tanto al casero de su vivienda (2.380 euros) como a su esposa (1.151 euros) y al mismo tiempo ofreció a las dos personas estafadas la compra de acciones e inversiones y la compra de valores de Abengoa y Banco Santander. Por todo lo anterior los perjudicados procedieron a ingresar en la cuenta del acusado 42.700 euros. Además, el acusado llevó a cabo un contrato de arrendamiento del local sito en la C/ Julián Camarillo de Madrid propiedad de la pareja “procediendo al abono de las rentas en la cuenta de su titularidad, sin que en ningún momento dicha renta haya sido entregada a los propietarios, habiendo hecho suya hasta octubre de 2012 la cantidad de 3.250 euros”.

Por último, el hombre convenció a un matrimonio para invertir su dinero en varios productos financieros del banco. Así, la mujer realizó sucesivos ingresos hasta la cantidad de 27.590,32 euros, “cantidad de la que el acusado se apoderó, entregando a los perjudicados un resumen de posiciones del banco creado por él mismo, manipulado en todos sus extremos y que no respondía a la realidad”. En total entre los años 2011 y 2012 “con el fin de pedir un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda, el acusado les recomendó que ingresaran más dinero con objeto de que las condiciones del préstamo fueran más ventajosas, para ello, llevando a cabo ingresos que los perjudicados entregaban en mano al acusado, pese a que dicha circunstancia estaba prohibida por la entidad a la que representaba, firmándoles el acusado un documento acreditativo de los citadas entregas”. Los perjudicados reclaman la cantidad de 130.238,28 euros.

Como partícipes a título lucrativo la Fiscalía solicita para la madre del acusado una indemnización conjunta y solidaria con su hijo de 26.098 euros, para su padre otros 918 euros y ara su mujer 5.725 euros

 

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