El juez del caso Castor archiva la investigación contra seis consejeros de Escal
El almacén subterráneo de gas en Vinaroz (Castellón) provocó en 2013 más de 400 seísmos en una zona de baja actividad sismológica
El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Vinaroz (Castellón), que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas cercano a la costa castellonense, ha estimado la petición de las defensas y de la Fiscalía, y ha acordado el sobreseimiento libre de la causa respecto de seis investigados miembros del Consejo de Administración de la mercantil Escal, la sociedad concesionaria.
En su resolución, notificada ayer a las partes, el magistrado considera que “de las investigaciones efectuadas no se infiere la existencia de participación alguna por parte de los distintos miembros del Consejo de Administración” de Escal, que “tenían un cometido puramente financiero, desconociendo las vicisitudes y desarrollo de las actividades de inyección y de los hechos acontecidos en septiembre de 2013, no habiendo ningún tipo de decisión en relación con la crisis sísmica”.
El instructor mantiene abierta la causa por supuestos delitos de prevaricación administrativa y delito medioambiental contra el presidente del Consejo de Administración de Escal, el consejero delegado y el coordinador y director general de la compañía, sobre cuya responsabilidad no se pronuncia en este auto.
Respecto a estos tres últimos investigados, el auto señala que “en el caso de existir cualquier tipo de responsabilidad por los hechos investigados, asumieron la misma al manifestar que las decisiones eran tomadas por ellos”.
400 seísmos en un mes
Los hechos investigados se remontan a septiembre de 2013, cuando en la fase final de puesta en funcionamiento de la plataforma Castor se produjo un incremento de la actividad sismológica de la zona, pasando en cuestión de un mes, incluso de días, de una zona de baja actividad sismológica a ser considerada una zona de alta actividad sismológica, con más de 400 seísmos, de los que 15 fueron percibidos por las poblaciones próximas.
El Instituto Geográfico Nacional afirmó una relación directa entre el almacén de gas Castor y los seísmos. El mayor accionista de Escal era ACS (con un 66,67%). Había sido aprobado el proyecto en por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo ministro de Industria Miguel Sebastián. Tras cesar la actividad y anular la licencia, el Estado indemnizó con 1.300 millones en 2015 a Escal.
