Manos Limpias recurre la decisión de la juez del 8M de agrupar bajo dos acusaciones populares a los querellantes

El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado un recurso contra la decisión de la juez del 8-M de agrupar la multitud de peticiones que quieren ser parte como acusación popular en la causa en la que se investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por una presunta prevaricación administrativa al permitir la manifestación feminista.

Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, decidió la semana pasada que todas, tras abonar 1.000 euros de fianza deberían ir bajo la misma dirección letrada bien de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, bien bajo el paraguas de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional.

Pero el sindicato presidido por Miguel Bernad entiende que a pesar de que es lógico que se agrupen acusaciones para aligerar el proceso, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional apunta a que debe existir una similitud de objeto y sujeto en las acusaciones populares personadas y además el criterio para elegir la acusación que aglutine al resto debe ser la antigüedad en el ejercicio de la acusación.

La presentaron en otro juzgado

Por eso, recuerdan que la primera querella fue la suya, presentada el 29 de marzo, y añaden que no tienen la culpa de que esa acción fuese turnada al Juzgado de Instrucción número 31, que éste se inhibiera por el número 51, y que los funcionarios responsables de hacer el trámite "tardaran meses en hacerlo".

"Resultaría grotesco que, habiendo sido los primeros acusadores en manifestar la voluntad de personarnos, resultemos perjudicados por la inexplicable lentitud de los funcionarios encargados", inciden, para luego añadir que Rodríguez-Medel debería unificar acusaciones bajo la de Manos Limpias.

Por otro lado, señalan en su recurso de reforma que tienen discrepancias con el resto de acusaciones elegidas porque ellos consideran responsable al delegado del Gobierno mientras que el resto de asociaciones "quieren más investigados". Y avisan de que ellos quieren "hacer derecho y no política".

Al hilo, recuerdan que a diferencia de otras acusaciones, ellos no solo se querellan por prevaricación sino que suman los delitos de lesiones y de homicidio por imprudencia. "Por tanto, existiendo discrepancias, entendemos que se debe permitir personarnos con abogado y procurador propio", insisten.

Por otro lado, recalcan que sería "un sinsentido" que "un sindicato acusado de organización criminal en la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional" sea defendido por una asociación de mandos de la Guardia Civil (la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional).

Por todo ellos, piden que se deje sin efecto el auto de la juez sobre las acusaciones populares y se permita a Manos Limpias ejercer la acción popular, y además que se inadmita la personación de esa asociación de mandos de la Guardia Civil y de la asociación de afectados "hasta que no acrediten acuerdo de la Junta de Gobierno para ejercicio de la acción penal en este proceso y que entre sus fines estatutarios está el ejercicio de acciones populares".