Una empresa madrileña ha denunciado a otra compañía por un presunto delito de apropiación indebida.
Según ha sabido Confidencial Judicial, en el escrito de acusación solicita una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el sufragio pasivo.
Sin embargo, el código penal no contempla estas penas para las personas jurídicas precisamente por la imposibilidad de que ingresen en un centro penitenciario o de que ejerzan su derecho al voto.
