Procedimiento abreviado contra una hipoteca de seis parcelas municipales en Moncada (Valencia)
Las viviendas habían sido vendidas con anterioridad por el excalde del municipio
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Moncada (Valencia) ha abierto procedimiento abreviado contra un exalcalde y un exconcejal de esa localidad, J.J.M.E. y M.G.B., respectivamente, así como contra el que fuera gerente de una empresa municipal, J.I.O.L., por presuntamente hipotecar seis parcelas del Ayuntamiento que habían sido vendidas con anterioridad.
El magistrado considera que estos hechos, ocurridos en diciembre de 2013, podrían ser constitutivos de un delito de estafa y un delito de prevaricación. En cambio, el juez ha decretado el sobreseimiento de las diligencias para otros 16 investigados – diez ediles que formaban parte de la corporación en esa época y seis antiguos miembros del consejo de administración de la sociedad mercantil, “al no constar indicios de criminalidad contra ellos”.
El auto, fechado el pasado 16 de septiembre y conocido ayer, refleja que la empresa Promoción Económica de Moncada SA (PEMSA), cuyo socio único era el Ayuntamiento de Moncada, formalizó entre diciembre de 2010 y enero de 2012 contratos privados de compraventa de seis terrenos municipales con la finalidad de desarrollar un polígono industrial.
El 2 de diciembre de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Moncada aprobó autorizar a PEMSA a que formalizara un préstamo hipotecario con una entidad bancaria por importe de 1.865.000 euros “a los efectos de solventar los problemas económicos por los que atravesaba la mercantil municipal, para lo cual se ofrecía como garantía las referidas seis parcelas que habían sido vendidas previamente”.
Secretaría e Intervención desconocían la compraventa previa
El magistrado entiende que esos hechos “podrían suponer indiciariamente un delito de estafa”, cometido por los tres investigados, al haberse enajenado las parcelas por parte de PEMSA y gravado las mismas con una hipoteca, “cuando ya no se tenía poder de disposición sobre ellas”.
El juez cree que no resulta admisible la alegación de que el acuerdo municipal sobre la constitución de la hipoteca contaba con el informe favorable de la secretaría municipal y de la intervención, “pues estos órganos técnicos desconocían la compraventa previa de las parcelas”, ya que esa información relevante “les habría sido ocultada por los investigados J.J.M.E. y M.G.P.”.
Por otra parte, ha archivado las actuaciones respecto a diez concejales del consistorio que votaron a favor de la constitución de la hipoteca porque no hay “ningún indicio que pueda llevar a la conclusión de que conocían la venta previa de las fincas”.
