Querella contra el propietario de los 92.000 visones sacrificados en Teruel por Covid-19
La Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias estima que hubo delito de maltrato animal con resultado de muerte
El titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Teruel ha admitido a trámite la querella por un delito de presunto maltrato animal con resultado de muerte interpuesta contra el propietario de una granja con 92.000 visones en el municipio de La Puebla de Valverde (Teruel) que fueron sacrificados el pasado mes de julio tras verse afectados por un brote por coronavirus, como informó este digital el pasado 18 de julio.
La querella fue presentada en agosto por la presidenta y representante legal de Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias (Apadevi), la abogada María Girona, que responsabiliza a los propietarios de la explotación de provocar la situación al omitir las medidas necesarias para evitar la transmisión del virus a los animales por parte de sus empleados.
En su escrito la letrada hace referencia a la decisión de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de ordenar el sacrificio de los animales tras constatar que había una transmisión comunitaria entre ellos y no poder determinar ni el origen del foco ni si era susceptible de transmitirse a los seres humanos.
“Evidente” que no se tomaron medidas tras 7 trabajadores contagiados
Sin embargo, la letrada hace constar en su escrito que el pasado mes de mayo, siete de los catorce trabajadores de la referida granja dieron positivo en las pruebas de coronavirus, descartándose entonces que los transmisores del contagio hubiera sido los visones.
A juicio de la abogada, resulta "evidente" que tras detectarse el virus entre los trabajadores, el responsable de la explotación no adoptó las medidas necesarias para que no se extendiera el contagio de forma masiva a los animales y provocando así su sacrificio.
Juez instructor ordena investigar el proceso del sacrificio de los visones
A tenor de las peticiones hechas en la querella, que ha sido respaldada por la Fiscalía de Teruel, el instructor ordena en su auto incoar diligencias de investigación y solicitar a la Delegación Territorial del Gobierno Aragón en la provincia turolense que informe sobre el proceso que derivó en el sacrificio de los visones.
También pide al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que se identifique al representante legal o administrador de la explotación para su toma de declaración como investigado en relación a estos hechos.
El magistrado impone a la asociación el pago de una fianza de 600 euros como paso previo a la tramitación de la querella, una cantidad que la asociación y la propia fiscalía solicitaron que tuviera un carácter "simbólico" al carecer de recursos económicos para hacer frente a su pago.
Apadevi no descarta solicitar el apoyo económico de posibles donantes para hacer frente a los costes judiciales generados a lo largo de la instrucción del caso.
Los visones fueron finalmente sacrificados por orden del Gobierno aragonés bajo la supervisión de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), en una operación cuyo coste pretende la asociación que recaiga sobre la empresa de prosperar su querella.
