Pleitos

Suspendido el juicio por la 'Operación Rosado' después de que el guardia civil acusado se quedara sin abogado

La Fiscalía pide para el agente 18 meses de cárcel e inhabilitación de ocho años

Agentes de la Guardia Civil.
photo_camera Agentes de la Guardia Civil.

El juicio por la denominada 'Operación Rosado', entre cuyos acusados figura el agente de la Guardia Civil por su supuesta implicación en una trama de favores hacia una decena de empresarios, no se celebrará finalmente este lunes próximo, 5 de julio, al haber renunciado el agente a su defensa.

La vista oral, en principio, estaba prevista para ese día y el 6 de julio en el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, si bien la renuncia del agente a su abogado ha obligado a posponer la vista para que su nuevo representante legal pueda ponerse al día del procedimiento, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Fiscalía de Valladolid imputa al citado agente un delito continuado de violación de secretos y otros dos de tráfico de influencias y solicita por el primero una multa de 10.800 euros y por cada uno de los dos siguientes nueve meses de cárcel, junto con su inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo total de ocho años.

Además, y con respecto al resto de presuntos implicados, el fiscal designado excluye a seis que figuraban como investigados y dirige la acusación contra otros cuatro: J.R.R, al que imputa un delito de violación de secretos, en calidad de inductor, y le pide multa de 2.400 euros e inhabilitación para cargo público por un año, así como contra F.G.J, E.O.C. y D.E.A. por delito de tráfico de influencias, los tres como cooperadores necesarios, e interesa para ellos cuatro meses de prisión y su inhabilitación por siete meses.

LA CALIFICACIÓN MÁS DURA, LA DE LA UO

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación popular, solicita tres años de prisión para el agente, mientras que la Unión de Oficiales (UO), también en calidad de acusadora popular, pide para el integrante del Instituto Armado una condena global de cuatro años y nueve meses de cárcel y su retirada del Cuerpo por espacio de diez años y medio.

Alternativamente, deja abierta la posibilidad de sustituir la condena por otra de nueve meses de cárcel, 18.000 euros de multa y cuatro años de inhabilitación.

La investigación de los hechos ha corrido a cargo del Juzgado de Instrucción número 1. En su día, el juez José María Crespo abrió procedimiento contra el agente J.C. y otra decena de personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos y prevaricación administrativa.

Las diligencias se originaron en 2018 a raíz de unas intervenciones telefónicas autorizadas en otra investigación, la 'Operación Rosado' contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), que se saldó con la detención de casi medio centenar de personas, entre las que figuran el guardia civil y algunos de los investigados en el procedimiento por las supuestas prebendas entregadas al mismo.

Las conversaciones intervenidas durante 2017 y 2018 en el marco de la 'Operación Rosado', coordinada por Instrucción 1, permitieron descubrir otras actividades supuestamente delictivas del agente de la Benemérita y de otros arrestados, actividades que se han investigado en un procedimiento judicial distinto.

Según recogía el auto, el agente del Instituto Armado influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones "incompatibles con su condición" de agente de la autoridad.

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