El TSJ catalán inadmite una querella del despacho Arriaga contra cinco magistrados y les multa por mala fe

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha inadmitido una querella presentada por el despacho de abogados Arriaga Asociados contra cinco magistrados de la Sección 15 de la Audiencia de Barcelona por una sentencia sobre el índice bancario IRPH, y les ha multado con 3.000 euros por mala fe procesal, ha informado el tribunal este lunes.

Arriaga se querelló en mayo contra los cinco jueces por presunta prevaricación judicial por desestimar el 24 abril un recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia dictada en 15 enero 2019 por el Juzgado de Primera Instancia 6 de Sabadell, que a su vez había rechazado en parte la demanda para reclamar la nulidad de esta cláusula.

Según la querella, los jueces dictaron una sentencia que podía ir en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por incumplir con la orden que establece que "la denominada cláusula IRPH debía ser sometida a un análisis de transparencia por parte de los jueces para comprobar si el cliente estaba bien informado y entendía a lo que se estaba comprometiendo por todo el tiempo del préstamo hipotecario".

Alegaban que la Sección 15 de la Audiencia daba "por buena esta cláusula abusiva y considera que, por tanto, no precisa control judicial para comprobar si está bien informado", lo que según ellos podía suponer un presunto delito de prevaricación por ir en contra de la justicia europea.

Ahora el TSJC se alinea con la posición de la Fiscalía Superior de Catalunya, que consideró la querella "absolutamente infundada", y justifica su inadmisión porque la sentencia de la Audiencia no es para ellos prevaricadora.

"INSTRUMENTALIZACIÓN INTOLERABLE"

El tribunal catalán argumenta en su auto, recogido por Europa Press, que, "con independencia de su acierto jurídico que deberá ser evaluado a resultas de un eventual recurso de casación, la sentencia dictada por los magistrados querellados no puede ser calificada ni remotamente de arbitraria o de irrazonable".

Asimismo, consideran que la forma de actuar del bufete de abogados "constituye una instrumentalización intolerable del proceso penal en general y de la acción popular en particular, que conculca las reglas de la buena fe procesal y degrada a la Administración de Justicia".

Afean que hayan lanzado "una infundada y frívola acusación" por presunta prevaricación contra los cinco magistrados de la Audiencia de Barcelona con el propósito de prevenir el efecto que pudiera tener su sentencia en otros procesos similares pendientes o futuros.