Pleitos

El TSJ catalán rechaza la querella de Colau contra jueces del franquismo

Concluye que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito en el momento de su comisión. El ayuntamiento acusa a seis magistrados de lesa humanidad por internar a homosexuales

Escrito de un juzgado de vagos y maleantes.
photo_cameraEscrito de un juzgado de vagos y maleantes.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado la querella criminal interpuesta por el ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, por un delito de lesa humanidad contra seis magistrados de los juzgados de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social del franquismo.

Estos jueces ejercieron entre los años 1956 y 1977 en dichos juzgados y ordenaron medidas de internamiento para “un gran número de personas” por su homosexualidad.

No fueron delito en su momento

En un auto, el presidente del TSJC, Jesús Barrientos, y los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal Jordi Seguí y Carlos Ramos alegan que los delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos por estos jueces no fueron incorporados al código penal español hasta 2003.

Además, afirman que los convenios internacionales que instan a su persecución “no fueron ratificados por España e incorporados al ordenamiento interno hasta el advenimiento de la democracia en 1977”. Por tanto, “es inviable” la persecución de estos hechos.

Ley de vagos y maleantes

En 1954, se introdujo en la ley de vagos y maleantes, de 1933, la posibilidad de internar a quienes llevaran a cabo “actos de homosexualidad” en centros de custodia o de reeducación por un tiempo no superior a cinco años.

Por otro lado, la ley de peligrosidad social, aprobada en 1970, reprodujo ese régimen sancionador, según el auto.

Sin embargo, los tres magistrados señalan que esto no es obstáculo para que se lleve a cabo una “valoración desde una perspectiva histórica de los derechos humanos” y resaltar la persecución de los homosexuales por parte del régimen de Franco.

Moción municipal

La iniciativa del ayuntamiento barcelonés tiene su origen en una moción aprobada por el pleno municipal en marzo de 2017.

En ella, se acordaba “la interposición de querella ante los juzgados de Barcelona para la investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista”.

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