La Audiencia se inclina por dejar libre a Oriol Pujol bajo fianza

La Audiencia de Barcelona ha citado a Oriol Pujol a una vista el próximo lunes para decidir sobre su ingreso en prisión. Lo ha hecho después de que la Fiscalía pidiera el martes pasado su encarcelamiento inmediato. Fue condenado en julio a dos años y medio de prisión.

“Perjudicaría a su familia”

El fallo fue recurrido por la defensa de Oriol Pujol, que alegó que había sido condenado por tres delitos distintos cuyas penas no suman dos años de cárcel. Por ello y por carecer de antecedentes penales, solicitó eludir la prisión, tal y como está previsto en la ley de enjuiciamiento criminal.

Oriol Pujol también alegó que su ingreso en prisión “perjudicaría gravemente” a su familia y a su situación profesional, ya que costea la educación de sus tres hijos (dos de ellos universitarios) y una hipoteca.

Sin embargo, el Ministerio Público rebatió el recurso argumentando que es “de dominio público que no se trata de una familia con escasos recursos económicos”.

Ante la disparidad de criterios, la Audiencia de Barcelona le ha citado a la citada vista para resolver la cuestión procesal.

Los fiscales, Teresa Duerto y Fernando Maldonado, han alegado que Oriol Pujol está condenado por tres delitos de corrupción (tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental).

Fianza

Según ha podido saber Confidencial Judicial, a día de hoy, la Audiencia se inclina por dejar libre a Oriol Pujol bajo fianza, atendiendo a otro de los argumentos de la Fiscalía, la reparación del daño causado por el condenado.

Para ello, atenderá, según las fuentes consultadas por ECJ, a la cantidad de dinero que recibió en concepto de comisiones por la concesión arbitraria de licencias de ITV en Cataluña. Es decir, Oriol Pujol tendría que hacer frente a un nuevo pago, además de la multa de 55.000 euros a que fue condenado.

Las condenas

El quinto hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, el único que se ha dedicado a la política, fue condenado por el tribunal del jurado a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, a ocho por cohecho y a un año y cinco meses por falsedad documental.

Su mujer, Anna Vidal, también fue condenada a 15 meses y 15 días de prisión por cohecho y falsedad y a una multa de 13.500 euros. Su marido cobró las comisiones a través de ella. La pena de cárcel es conmutable por una multa de 69.750 euros.

Los empresarios de la trama de las ITV, Ricard Puignou y Sergi Pastor, fueron condenados a cinco meses de prisión con posibilidad de sustituirla con una multa de 60.000 euros.

La trama

En 2010, cuando Oriol Pujol era secretario general de CiU y presidente del grupo parlamentario, la Generalitat aprobó un proyecto de revisión territorial de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Cataluña.

Pujol indicó al secretario general de la conselleria de Industria, Enric Colet, que nombrara a Josep Tous encargado de la revisión de las concesiones de los lotes. Se trataba de una petición expresa de un amigo íntimo de Oriol Pujol, Sergi Alsina, que no fue condenado.

A su vez, Alsina contactó con los empresarios de las ITV Puignou y Pastor y les ofreció hacer de intermediario entre ellos y la Generalitat “para favorecer sus intereses privados”, según la sentencia.

Ambos accedieron, y entregaron entre 2010 y 2012 hasta 24.000 euros a Alsina. Éste hacía llegar parte de ellos mensualmente a Tous, que, como encargado de los lotes, favorecía a los empresarios.

Comisiones

Oriol Pujol y Alsina aprovecharon la marcha de las multinacionales Sony, Sharp y Yamaha de Cataluña y la instalación de proveedores de SEAT en Sant Esteve Sesrovires para lucrarse ilegalmente.

Pujol facilitó contactos a Alsina y se sirvió de su influencia para que obtuviera beneficios económicos.

A cambio, Alsina contrató a la mujer de Oriol Pujol, Anna Vidal, de forma ficticia en una asesoría que no realizaba ninguna actividad económica.

Vidal recibía gratificaciones económicas que en realidad eran comisiones para su marido por su mediación a favor de Alsina. Estas retribuciones ascendieron, según la sentencia, a 381.000 euros. La Fiscalía estimaba que llegaron a alcanzar los 700.000 y pedía cinco años de cárcel.