"Lo del COVID-19 en Justicia está siendo de República Bananera"
Funcionarios de la Administración de Justicia, jueces y fiscales están indignados con la gestión que el Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial están haciendo de la crisis del coronavirus: "Lo del COVID-19 en Justicia está siendo de República Bananera. Dudo que se pueda gestionar peor una crisis", dicen fuentes judiciales a Confidencial Judicial.
La semana pasada, cuando aún era martes y el coronavirus no parecía tan grave pero ya estaban comenzando las primeras medidas, jueces, funcionarios y fiscales reconocían que no sabían muy bien qué hacer. "No hay mascarillas, ni guantes, ni gel desinfectante. Los Juzgados están atestados de gente", explicaban algunos magistrados en Twitter.
En algunos juzgados aparecían carteles donde decía: "Se exime a los letrados que tengan juicios de llevar toga y se permite la utilización de medidas profilácticas en sala". Ese mismo día, Madrid ya había hecho las primeras restricciones de movimiento y la decisión del Consejo General del Poder Judicial de dejar en manos de cada juez (de los Tribunales Superiores) el suspender o no los juicios terminó de indignar a los colectivos.
Las asociaciones de magistrados y fiscales enviaron un comunicado conjunto en el que pedían la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y al día siguiente, el 12 de marzo, más de 520 jueces solo en Madrid pedían autorización al Tribunal Superior de Justicia para suspender la actividad. Algunos incluso ni siquiera esperar la autorización.
Empieza el pánico por los contagios
El viernes 13 de marzo empiezan a duplicarse las cifras de contagio en España y el país empieza el temor en todo el territorio. "Comienzan los mensajes de pánico en correos electrónicos y chats de Whatsapp", explican fuentes judiciales. El CGPJ se desdice ese mismo día y acuerda la suspensión de la actividad judicial salvo casos concretos en Madrid, País Vasco, en Igualada y en La Rioja.
Tercer cambio de decisión
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declara el Estado de Alarma aunque sin pronunciarse sobre qué medidas concretas implica esto y, tras esta situación, el CGPJ cambia por tercera vez de decisión y suspende la actividad judicial en toda España, a excepción de la celebración de juicios declarados urgentes por ley.
De esta manera, las asociaciones de magistrados, de fiscales y los sindicatos se muestran "indignados" por cómo se ha gestionado esta crisis también en el mundo judicial.
