Una ‘agenda saludable’ para que los jueces regulen su carga de trabajo

Imagen de la mano de un juez, con la toga negra que visten en las vistas orales.  Fecha: 09:09:2019.
Imagen de la mano de un juez, con la toga negra que visten en las vistas orales. Fecha: 09:09:2019.
Detalle de la toga de un letrado de la Administración de Justicia durante una concentración ante la Delegación del Gobierno en Galicia, a 15 de febrero de 2023
Detalle de la toga de un letrado de la Administración de Justicia durante una concentración ante la Delegación del Gobierno en Galicia, a 15 de febrero de 2023

En septiembre del año pasado el Tribunal Supremo dictó una sentencia que establecía la obligación del CGPJ de regular la carga de trabajo de los jueces y magistrados. No obstante, no especificó ni el plazo de tiempo que tenía el órgano de gobierno del Poder Judicial para ello ni cómo llevarlo a cabo.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial, integrada por representantes del CGPJ y de miembros de las asociaciones judiciales, han propuesto que cada juez elabore su propia “agenda saludable”.

Esta guía combinaría factores cuantitativos como el número de asuntos ingresados o de resoluciones dictadas y factores cualitativos, como la dotación de personal en el órgano judicial y la complejidad de los asuntos.

“En ningún caso, la superación de los niveles estándar que se establezcan en la guía podría generar efectos automáticos: es decir, no situaría automáticamente al juez en una situación de riesgo para su salud”, apunta el CGPJ en un comunicado. Por tanto, se evaluaría cada caso de riesgo en particular.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud plantea actualizar el mapa judicial de riesgos -que se puso en marcha en febrero de 2017- y el sistema de alertas “para garantizar un seguimiento eficaz de la situación de cada órgano judicial como medio para detectar posibles riesgos laborales”.

Ambas propuestas parten de un informe jurídico elaborado por el Gabinete Técnico del CGPJ sobre el alcance y los efectos de la sentencia del alto tribunal. Ahora, se ha acordado elevar a la Comisión Permanente las dos líneas de trabajo. 

Además, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial le ha pedido también que se establezca una hoja de ruta, con plazos de ejecución inmediata, interesando la adopción de medidas provisionales.

 

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