Dignidad y Justicia pide la dimisión del fiscal general
La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ) ha pedido la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocer que el fiscal del Supremo que rechazó investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo había supuestamente cambiado de opinión al reunirse con él. Una negativa que la asociación también ha relacionado con el recurso que presentó el fiscal del caso de los homenajes a presos etarras en contra de prorrogar su instrucción.
“Esta oposición a investigar hechos que claramente arrojan indicios delictivos, tanto en el caso de Junts como en el de Sortu, no revela otra cosa que un interés del Gobierno, que utiliza la Fiscalía General del Estado, por satisfacer las peticiones de sus socios parlamentarios”, ha afirmado la asociación en un contundente comunicado.
Aseguran que esta intervención del Ejecutivo “está provocando una degradación sin precedentes en el Ministerio Público” y lo que busca es “beneficiar intereses partidistas” de sus socios de gobierno.
DyJ critica que el fiscal del Supremo cambió de opinión en apenas 72 horas más tarde, entre las cuales visitó a García Ortiz, con respecto a la decisión de investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo, tal y como planteo el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Conclusión que quedó rechazada por mayoría en la Junta de fiscales de ayer, aunque la decisión ha sido elevada a la teniente fiscal del alto tribunal por "discrepancias" entre sus presidentes.
Además, esta asociación de víctimas saca a colación el recurso que presentó el fiscal a cargo del caso de los ‘ongi etorris’, homenajes a presos de ETA, contra la decisión del juez García Castellón de prorrogar las diligencias. Precisamente fue Dignidad y Justicia la que aportó un informe con chats presuntamente administrados por el partido político Sortu en los que se impartirían directrices e instrucciones sobre cuestiones relacionadas con presos y fugados.
El fiscal, sin embargo, consideró que los hechos a los que hace mención son "completamente ajenos a la instrucción" y no ve delito en ellos. Además, acusó a DyJ de pretender realizar "una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen".
